La Alianza Mar Blava ha anunciado este miércoles que acudirá a la Comisión Europea tras la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene un proyecto petrolífero en una zona de alto valor ecológico -frente a las costas del Delta del Ebro y Tarragona-, algo que la entidad considera un "claro incumplimiento" del derecho comunitario.
La organización pitiusa ha lamentado que el Supremo haya desestimado su recurso para anular la segunda prórroga de la concesión de explotación petrolífera 'Casablanca', concedida sin una evaluación ambiental previa. En una rueda de prensa, han calificado de "atropello" la sentencia del Supremo, recalcando que la concesión está ubicada casi en su totalidad en Zona Natura 2000. A pesar de ello, la compañía Repsol ha obtenido el aval del Supremo para seguir explotando petróleo en medio de una Zona de Especial Protección para las Aves, han incidido.
La sentencia considera que prorrogar la explotación de dos pozos petrolíferos en la concesión denominada 'Casablanca', frente a las costas del Delta del Ebro y Tarragona, no constituye un proyecto como tal y por tanto no tiene que ser objeto de evaluación ambiental, algo que rechaza Mar Blava, que ha recordado los "impactos físicos" que supone esta actividad. "Es algo inadmisible y un atropello para la biodiversidad", ha insistido, recordando además que la sentencia puede sentar un precedente peligroso.
El letrado Abel La Calle ha sostenido ante los medios que la segunda prórroga no se ajusta a derecho al no contar con la evaluación ambiental, y ha defendido que la actividad supone un "riesgo continuo" de que se produzcan vertidos. Por su parte, el conseller de Gestión Ambiental Vicent Roig ha reconocido que confiaban en que con la designación del Corredor de Cetáceos del Mediterráneo quedaran anulados estos proyectos petrolíferos. Por ello, ha manifestado que es "verdaderamente triste" recibir noticias como la sentencia del Supremo.
Desde Formentera, la vicepresidenta del Consell Ana Juan ha tachado de "inaceptable" la sentencia judicial, incidiendo en que no se cuente con una evaluación previa, a pesar de los riesgos que conlleva la actividad. Mar Blava ha recordado que el asunto llegó al Tribunal en 2019 tras una demanda de la entidad, después de que el Consejo de Ministros autorizase la segunda prórroga de diez años.
La Alianza también ha explicado que el Supremo no otorga importancia al hecho de que la Administración no hubiera requerido a la concesionaria mayores garantías para obtener la renovación después de que hubiera sido sancionada en 2011 por mantener una conducta "imprudente" que acabó en un vertido marino de petróleo.
La Alianza Mar Blava ha reiterado que es una "injusticia y un atropello a la biodiversidad" que Repsol pueda seguir con esta actividad petrolífera. "La sentencia emitida por el Tribunal Supremo evidencia cómo aún está profundamente arraigada la idea de que la renovación de una concesión es un derecho adquirido, sin necesidad de consideración ambiental ninguna", han añadido.
Por su parte, desde la Pequeña y Mediana Empresa de las Pitiusas han reconocido en la rueda de prensa que les preocupa esta prórroga, no sólo por cómo afectará al medio ambiente sino también a la economía ante la posibilidad de que se produzca "un derrame o algo grave".
