El desalojo del asentamiento de infraviviendas en el municipio de Santa Eulària des Riu, conocido como Can Rova II, y que se inició a primera hora de la mañana de este miércoles 10 de abril, fue detenido en torno a las dos del mediodía por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma.
El operativo había comenzado en torno a las nueve de la mañana y en él estaban participando más de 50 efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional con el objetivo de cumplir la orden y dejar el terreno despejado antes de las 20:00 horas del mismo miércoles, aunque finalmente todo quedó paralizado por la presentación de un escrito urgente por parte del abogado de los residentes, David Fechenbach, ante el juzgado, solicitando la suspensión por un incidente de vulnerabilidad, cambió la situación.
Se trata de una decisión judicial que paraliza la ejecución de la orden y que suspende de forma inmediata las acciones de desalojo, permitiendo a las aproximadamente 200 personas que malviven en el lugar regresar a sus precarias viviendas.
En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló, ha explicado que el desalojo se había autorizado por motivos de salubridad, ya que el asentamiento presentaba problemas de agua y de instalaciones sanitarias y por ello, ante la nueva situación, ya está confirmado que el consistorio presentará un recurso basándose en los informes que se han podido elaborar después de la entrada ayer en la parcela de los técnicos de Medio Ambiente y de Servicios Sociales y de los datos aportados por la Policía Local y un ingeniero municipal que estuvieron sobre el terreno.
