El desalojo forzoso del asentamiento ilegal de Can Rova, en el término municipal de Santa Eulària des Riu, terminó este miércoles 31 de julio con la detención por parte de la Guardia Civil de cuatro hombres y dos mujeres que se resistieron a los agentes tras vivirse momentos de gran tensión con un grupo de 60 personas se atrincheró en la finca provocando que tuvieran que intervenir los agentes de la Policía Nacional y los antidisturbios.
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, cuya alcaldesa Carmen Ferrer estuvo en todo momento siguiendo el operativo junto a algunos concejales y a trabajadores de los servicios sociales y a 12 agentes de la Policía Local que actuaron con dos drones, se ha informado que unas 30 personas, entre adultos y menores, han sido acogidos en diferentes dependencias tras el desalojo. Concretamente, gracias a la coordinación con Caritas diez personas entre mujeres y niños han sido destinados al Centro de Acogida Nazaret, tres hombres adultos al Centro de Baja Exigencia de sa Joveria y otras 20 personas adultas han pernoctado en el polideportivo del CEIP S'Olivera.
Además, el Ayuntamiento ha ayudado con el pago de la fianza de una vivienda a dos familias que lo habían solicitado, una de ellas durante este miércoles y otra tras el operativo e incluso también acudió al desalojo una técnica de Bienestar Animal y del Servicio de Recogida y Acogida de animales de Santa Eulària para hacerse cargo de un perro y un gato que se quedaron sin dueños tras el operativo de desalojo.
- Fuertes críticas de la oposición y Sindicato de inquilinas
Y todo ello entre fuertes críticas de la oposición y el Sindicato de inquilinas hacia este desalojo que se ha llevado a cabo por mandato judicial tras una instancia del juzgado de Primera Instancia número 5 de Ibiza y a raíz de una decisión de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma, que estimó la demanda de desahucio por precario presentada por dos de los dueños al explotador de la finca y que no es otro que uno de los seis hermanos y que alquilaba lugares en ella llegando a pedir hasta 400 euros a los inquilinos, y pudiendo haber ganado por ello entre 80 y cien mil euros mensuales.
Así las cosas, por ejemplo, el PSIB ha reprochado a los ayuntamientos de Ibiza, Consell y el Govern la "falta de previsión" en este desalojo de Can Rova que según sus palabras se ha ejecutado de forma “abrupta” y “sin ofrecer recursos sociales suficientes” lo que ha provocado una situación "dramática" y la "desesperación" de muchas de las personas que vivían allí y que tenían menores a su cargo.
Algo que, según los socialistas “ha demostrado una grave falta de empatía” del PP hacia todas estas personas y “la falta de un plan integral” de los populares para afrontar la problemática de la vivienda en Santa Eulària y en el conjunto de Ibiza. Y por ello, y por último “han exigido la adopción de medidas contundentes e inmediatas en materia de vivienda como la limitación de los precios del alquiler en la isla de Ibiza y reanudar las políticas de construcción de vivienda pública”.
Por último, el Sindicato de Inquilinas de Ibiza también ha mostrado su “total repulsa” a los hechos ya que según aseguran en un comunicado emitido ayer “los afectados son familias trabajadoras que, debido a la extrema situación de la vivienda en Ibiza, se han visto forzadas a instalarse en esta parcela” y han criticado la “nula gestión” que se hace en materia de vivienda por parte de todas las instituciones de la isla y que ha llevado a una “crisis de vivienda que convierte a Ibiza en un sistema insostenible para la vida”.
