En rueda de prensa, el alcalde ha señalado que en dicho expediente confluyen varios vectores, como el de ruina técnica o económica, lo que impide "cualquier tipo de reparación y condena el inmueble". De hecho, ha indicado que una hipotética reparación se acercaría a los cinco millones de euros y no podría ejecutarse una reparación "convencional", según ha dicho.
Guerrero ha añadido que "el edificio ya nació sin licencia" y ha reiterado que se han hecho "muchas gestiones" y la única salida es la compra de la edificación para su posterior derribo y esponjamiento ambiental, para lo cual el Ayuntamiento ha realizado una oferta a los casi 50 propietarios de casi dos millones de euros fijados por un técnico externo.
En caso de aceptar la propuesta, el Ayuntamiento se haría cargo de los 250.000 euros invertidos el pasado año en trabajos de apuntalamiento o refuerzo del inmueble. "Nos han dicho que existe este riesgo de colapso de la edificación sin ningún tipo de aviso", ha explicado también.
Este martes se firmará el decreto de inicio del expediente, por lo que los ocupantes tendrán 72 horas para abandonar el inmueble de manera voluntaria. El Ayuntamiento ultima el operativo en caso de tener que llevar a cabo un desalojo forzoso, "aunque esperamos que sea voluntario", ha indicado el primer edil.
Según ha añadido Guerrero, desde Sant Josep han hablado con el Govern o el Consell y "nadie ve ninguna salida". "Hemos mirado mil y una salidas, pero ninguna de ellas era viable y más a corto plazo", ha añadido el alcalde, quien ha recordado que aproximadamente unas 60 personas son las que deberán abandonar ahora el inmueble.
El Ayuntamiento también se ha ofrecido a abonar dos meses de alquiler a estos vecinos, así como ayuda de los servicios sociales municipales. "No tenemos obligación de realojar a las familias, pero moralmente sí debemos hacerlo", ha añadido el alcalde, quien ha reiterado que la apertura del expediente "no es una decisión política, es técnica". "No hablamos de una expropiación", ha concluido Guerrero.
Justo hace un año, un bloque de los apartamentos Don Pepe, en la playa de es Codolar de Sant Josep, fue desalojado tras caer el techo de una vivienda en la habitación de un menor.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Palma avaló el pasado septiembre la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep en el desalojo de los vecinos por el peligro inminente de los apartamentos.
