El Govern ha abierto diligencias sobre la comercialización de 26 infraviviendas, una práctica que está prohibida según la ley balear de vivienda y que contempla sanciones de hasta 30.000 euros. Este verano se ampliaron en un decreto ley los supuestos por los que la administración balear puede iniciar un expediente sancionador.
Según ha explicado al programa La Brújula Illes Balears de Onda Cero el director general de vivienda, Eduardo Robsy, el ejecutivo autonómico ha recibido en los últimos meses 10 denuncias y ha actuado de oficio ante otros 16 casos.
Una infravivienda es aquel espacio que "carece de cédula de habitabilidad o no puede obtenerla". Pueden ser estudios, minipisos o apartamentos que "no cumplen los requisitos mínimos para vivir en ellos" porque miden menos de 24 metros cuadrados, en edificios antiguos, o 30 metros cuadrados, en obra nueva. También los conocidos como "pisos patera" y aquellos inmuebles que no cuentan con suficiente luminosidad y ventilación natural.
Pero existen otros casos igualmente singulares y que, debido a la falta de vivienda asequible, se han anunciado como tal aunque no lo sean: cuevas, furgonetas, balcones, barcos y hasta contenedores marítimos. "La gente con menos escrúpulos tira de imaginación en las zonas donde hay más problemas de acceso a una vivienda, como Palma, Calvià y la isla de Eivissa", sostiene Eduardo Robsy en declaraciones a Onda Cero.
Bancos, inmobiliarias y particulares están detrás de la comercialización de estas infraviviendas. Se aprovechan de la crisis habitacional que se ha agudizado en los últimos años en todo el archipiélago, especialmente en Mallorca y Eivissa.
Este martes el Ajuntament de Palma anunciaba que había detectado siete espacios que se estaban comercializando en portales inmobiliarios de las islas: un estudio de 18 metros cuadrados en alquiler por 480 euros al mes en Cala Major o un apartamento de 24 metros cuadrados que se vende por 125.000 euros en el edificio Pullman, parcialmente ocupado y en estado de degradación.
La regidora de modelo de ciudad y vivienda digna de Palma, Neus Truyol, denunciaba que quien está detrás de estos anuncios "actúa sin escrúpulos, no tiene ética". La edil palmesana lamentaba que se esté pagando la precariedad "a precio de lujo", pues algunos de estos espacios duplican el precio medio del metro cuadrado en la oferta de alquiler de la ciudad.
