Las organizaciones OceanCare, Fundación Marilles y Alnitak consideran que el Plan de Gestión del Corredor de Migración de Cetáceos debe ser "una herramienta clave para avanzar en la lucha contra el cambio climático y el ruido submarino" y, "para que sea un éxito en conservación marina, Baleares debe jugar un papel clave".
En 2018, el Gobierno español declaró esta zona marina -de 46.386 kilómetros cuadrados y situada entre Baleares y la Península- como Área Marina Protegida (AMP), a petición, entre otras instituciones, de los Consells insulares y el Parlament.
Un año después, se reconoció la importancia ambiental de esta AMP al declarase Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (Zepim). Ahora, el Gobierno central "tiene la obligación de elaborar un Plan de Gestión de este espacio marino protegido", han considerado.
En este sentido, el responsable de políticas marinas en España de OceanCare, Carlos Bravo, ha destacado como "fundamental realizar una gestión efectiva del tráfico marítimo en el Zepim con el fin de reducir el ruido y las emisiones de CO2".
Entre las propuestas de las organizaciones, han destacado la reducción de la velocidad de los buques, que puede contribuir "de forma rentable" a reducir el impacto medioambiental del transporte marítimo.
"Estamos ante una oportunidad única, ya que una medida como la reducción de la velocidad beneficia a todos, tanto al medio ambiente, como a la seguridad en el mar y a la propia industria del transporte".
Carlos Bravo ha participado en el programa La Brújula Illes Balears de Onda Cero.
