Economía

Los promotores de Baleares urgen a los alcaldes a ceder suelo público para construir vivienda asequible

PROINBA sostiene que la solución para ofrecer vivienda asequible en Baleares se encuentra en el mercado de obra nueva y que el sector privado necesita acceder a suelo económico para desarrollarla

Martí Rodríguez

Illes Balears | 17.01.2024 14:36

Los promotores inmobiliarios de las islas han dado un toque de atención a los alcaldes de Baleares para que liberen suelo municipal y que el sector privado pueda levantar vivienda asequible. El presidente de PROINBA, Luis Martín, ha puesto el foco en Onda Cero en el decreto autonómico de emergencia habitacional aprobado el pasado mes de octubre y que ha iniciado su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

La Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios señala que la vivienda de segunda mano copa el 90% de las operaciones de compraventa en el archipiélago, por lo que hace un llamamiento a los ayuntamientos para que confíen en las medidas que plantea el Govern y que la iniciativa privada disponga de suelo público para construir viviendas de obra nueva a precio asequible.

Luis Martín ha explicado en el programa Más de uno Illes Balears que existen motivos "políticos y técnicos" para que la mayoría de municipios de Baleares estén poniendo trabas a la implementación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, como pueda ser el caso de Pollença, Ferreries, Llucmajor, Manacor, Marratxí o Campos. En el otro lado de la balanza se encuentra Palma, que sí ha mostrado voluntad de aplicarlo.

El presidente de PROINBA aventura que el precio de la vivienda nueva en Baleares se va a contener sin subidas este año porque las ventas a extranjeros han descendido y por la moderación en el coste de los materiales de construcción. También considera Luis Martín que el precio de la vivienda de alquiler ha tocado techo. Los promotores inmobiliarios responsabilizan a la nacional Ley de Vivienda de haber tensionado el mercado del alquiler. Una normativa que habría supuesto la retirada de uno de cada cuatro pisos y casas del mercado porque los propietarios se sentirían desprotegidos.