Un total de 57 obras públicas, por valor de 58,6 millones de euros, han quedado desiertas en Baleares durante 2022, según ha alertado este martes la Asociación de Constructores de Baleares, que atribuye esto a la falta de actualización de precios "como exige la ley". Este recuento incluye a obras públicas que han quedado desiertas como mínimo en su primera licitación, si bien alguna puede haberse adjudicado con posterioridad con un aumento de presupuesto para adaptarse al encarecimiento de materiales. La mayoría corresponden a ayuntamientos.
Entre las decenas de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras como colegios, viviendas de protección oficial, mejora de carreteras, así como instalaciones culturales y deportivas. Muchas están financiadas con fondos europeos. En un comunicado, la patronal apunta que esto es "un hecho insólito" y considera que la causa es que las licitaciones salieron sin los precios actualizados, por lo que "las empresas han asumido unos sobrecostes enormes" por el aumento "desorbitado" de los precios de los materiales, los combustibles y la energía.
Basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) calculan que las obras en general se han encarecido más de un 30 por ciento en las Islas. En este contexto, los constructores advierten de que el decreto de revisión de precios estatal "ha tenido una aplicación nula", con más del 86 por ciento de las obras excluidas de entrada en Baleares, al estar enfocado a grandes obras, mientras que "el decreto autonómico es papel mojado" y "ni siquiera se puede aplicar al no tener los parámetros y la metodología publicados".
Por ello, denuncian que las constructoras "se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta al haber asumido unos sobrecostes que no están siendo compensados". Según la patronal, muchas empresas optan por no presentarse a las licitaciones al no licitarse con precios de mercado y ver que no podrán optar a las revisiones de precio.
En este contexto, la asociación avisa de que la bajada de actividad afectará tanto al número de trabajadores contratados como a los compromisos adquiridos con el Plan de Recuperación. Además augura un "inevitable" incremento de litigios, licitaciones desiertas y de obras paralizadas, así como retrasos en la ejecución de contratos.
"Somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas", ha declarado la presidenta de la asociación, Fanny Alba. Las 57 licitaciones declaradas desiertas de enero a septiembre del 2022 en Baleares son 29 de ayuntamientos, ocho del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios de Educación, cinco del Instituto Balear de la Vivienda, tres del Consell de Mallorca, dos de la Universitat de les Illes Balears, dos de Serveis Ferroviaris de Mallorca, dos de Aena y una del Consell de Menorca, IbSalut, Agencia Balear del Agua, Mutua Universal-Mugenat, Ministerio de Cultura y Administración general del Estado.
En relación a la licitación de la obra para la ejecución del proyecto de ampliación del metro al Parc Bit impugnado por esta asociación, SFM ha desistido del procedimiento al no haberse presentado ninguna empresa. En cualquier caso, la patronal ha matizado que el Ibavi es "el único organismo que está atendiendo a las reclamaciones de revisión de precios de forma positiva". En cambio, los ayuntamientos "siguen sin atender las solicitudes de las empresas".
"Exigimos al Govern de que cumpla los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social y con los constructores de Baleares y publique, sin más dilación, los parámetros y la metodología para poder presentar las reclamaciones", han reivindicado desde la patronal.
