La Abogacía de la comunidad pide 2 años y 10 meses de cárcel a Matas por el caso Son Espases

La Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares ha solicitado un condena de 2 años y 10 meses de prisión para el expresidente del Govern Jaume Matas por fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación en el caso Son Espases.

Como acusación particular en esta causa sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción del hospital Son Espases, la Abogacía balear ha formulado escrito de acusación contra Matas, la exconsellera de Sanidad Aina Castillo, el ex director general del Ib-Salut Sergio Bertrán y el empresario Jesús Peinado y ha solicitado que se abra juicio oral contra los cuatro.

Los hechos que imputan los servicios jurídicos de la comunidad autónoma afectan al procedimiento para adjudicar la construcción, explotación y conservación del hospital Son Espases, y a un contrato con la consultora Global PM para analizar las propuestas técnicas y económicas que se presentaron al concurso de la infraestructura sanitaria.

Según la Abogacía, la manipulación del concurso la ordenó Matas y la ejecutaron Castillo, Bertrán y el que fuera presidente de la mesa de contratación (ya fallecido) "para beneficiar ilícitamente a la UTE liderada por OHL".

La tramitación del concurso para construir Son Espases por 778,4 millones de euros comenzó en septiembre de 2005 y concurrieron seis aspirantes.

El escrito de la Abogacía balear explica que la mesa de contratación para adjudicar la construcción acordó pedir un informe técnico y otro económico de valoración de las ofertas a dos áreas del Ib-Salut, aunque el Servicio de Salud ya había iniciado los trámites administrativos para contratar a una consultora externa que evaluase las ofertas.

Considera que Matas ordenó a Castillo la contratación de Global PM para evaluar las ofertas "a efectos de ostentar un control directo sobre el desarrollo del procedimiento del concurso del Hospital Son Espases y poder, en su caso, intervenir en su resultado".

La entonces consellera transmitió dicha orden a Bertrán, que a su vez la trasladó al entonces director económico del Ib-Salud que la ejecutó para "beneficiar ilícitamente a la consultora y ostentar ascendencia sobre la misma". Se concedió por 29.500 euros en un procedimiento negociado sin publicidad, tras dar apariencia de legalidad al contrato invitando a otras dos empresas.

Según la Abogacía, esa contratación era "innecesaria" porque la Conselleria podía valorar sus ofertas con sus propios medios y funcionarios, y se hizo con desprecio total de las normas administrativas y legales, anticipando información confidencial, en perjuicio del interés general y con perjuicio al patrimonio público.

Después de que Castillo informara a Matas de que las UTE encabezadas por OHL y Dragados eran las mejor posicionadas con puntuación provisional similar, el presidente ordenó a la consellera "que diera las instrucciones oportunas" para que la adjudicataria fuera OHL, según admitió la extitular de Sanidad en su declaración judicial y recoge el escrito.

Detalla que Matas entregó a Castillo un sobre con un folio que contenía los argumentos técnicos que motivaban la adjudicación a favor de OHL, que la consellera entregó a Bertrán.

Un informe del Ib-Salut del 20 de julio de 2006, realizado sobre otro de la consultora Global PM, otorgaba más puntuación a la oferta de la UTE que encabezaba OHL que a la liderada por Dragados.

Al día siguiente, el periódico El Mundo publicó que la adjudicación sería probablemente para la UTE de OHL y en varios artículos de opinión sembró "dudas sobre la actuación de la mesa de contratación" por ser la oferta más cara.

Entonces, la consellera Castillo sugirió en un escrito a la mesa de contratación que pidiera un informe al Consell Consultiu sobre la conformidad del procedimiento seguido en la adjudicación.

El Consultiu concluyó que la actuación era conforme a derecho pero que, en caso de subsistir dudas, podría apelarse a colegios profesionales cualificados. La mesa solicitó un informe al Colegio de Ingenieros de Caminos y otro al de Economistas.

Según la Abogacía, si bien al UTE encabezada por OHL obtuvo la mayor puntuación en el informe de Global PM, tras los informes de los colegios profesionales, la adjudicataria fue finalmente la liderada por Dragados, en diciembre de 2006.

La acusación en nombre de la comunidad autónoma considera a Matas autor por inducción de un delito continuado de prevaricación por el que pide que sea condenado a 9 años de inhabilitación, otro de fraude a la administración por el que solicita 2 años de prisión y otro de tráfico de influencias por el que reclama otros 10 meses de prisión.

Pide además una condena de 2 años y 1 mes para Castillo, apreciando la atenuante analógica de confesión, y de 2 años y 10 meses para Bertrán, por los mismos delitos. Para Peinado reclama 1 año y 6 meses por fraude a la administración.

La Abogacía reclama además que se declare nulo el contrato con Global PM y que los cuatro acusados respondan conjunta y solidariamente de los 29.500 euros.