Las acusaciones particulares del 'caso Cursach' han pedido este lunes la nulidad del juicio del 'caso Cursach' después de que la abogada Teresa Bueyes, encargada de representar a varios empresarios de Magaluf, haya hecho la solicitud del tribunal.
Tras exponer sus motivos basados en la vulneración de varios derechos, la letrada Bueyes se ha referido a las "trampas e irregularidades" en el proceso de instrucción de la causa, llegando a sugerir que podían proceder "del principal encausado", en referencia a Bartolomé Cursach.
Esta afirmación ha provocado que la magistrada que dirige el Tribunal le haya interrumpido para pedirle que aporte pruebas si "habla de trampas" por parte de la Administración de la Justicia. Como consecuencia, la letrada ha retirado esta acusación, pero ha exigido la nulidad del juicio y que el juez Manuel Penalva declare para tener "claro qué está en la causa". Anteriormente, las acusaciones particulares del 'caso Cursach' han pedido la nulidad del recorte de penas presentada en la modificación que el Ministerio Fiscal hizo hace dos semanas.
El juicio por el 'caso Cursach' ha comenzado sobre las 10.16 horas en la Audiencia Provincial de Baleares con un total de 23 procesados y una rebaja de peticiones de penas de cárcel para los principales encausados, el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert.
Desde las 09.00 horas, los encausados han ido llegando a la Audiencia de Baleares, así como los fiscales encargados del caso, Juan Carrau y Tomás Herranz. Uno de los últimos en entrar al edificio del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha sido Cursach, quien lo ha hecho acompañado por su pareja.
Al comienzo del juicio, el tribunal ha preguntado a las diferentes partes sobre la composición del mismo, que está integrado por Samantha Romero, Rocío Martín y Gloria Martín. Ni acusación ni defensa se ha opuesto.
A continuación, sobre las 10.45 horas, han comenzado las cuestiones previas del juicio. En primer lugar y tras dar conocimiento de que los acusados están ilustrados sobre los escritos, el Ministerio Fiscal ha explicado la modificación de sus peticiones de penas y retiradas de delitos para ocho de los encausados --uno de ellos falleció antes del juicio--.
Ante esto, el letrado de la acusación particular Álvaro Martín, ha manifestado su oposición a la rebaja de penas de la Fiscalía, así como la abogada Teresa Bueyes, quien ha subrayado que resulta "sorprendente" que a diez días del juicio se haga un cambio "tan sustancial". "Nunca se ha visto un caso igual. No se contempla en la ley de enjuiciamiento civil", ha recalcado.
En cuanto a los abogados de la defensa, han apoyado la modificación del escrito de la Fiscalía y han afeado a las acusaciones particulares que pidan la nulidad de este cambio en el escrito.
EL JUICIO
Desde este lunes, tanto Cursach como otros 22 encausados se sientan en el banquillo en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en un juicio que se prevé que dure hasta abril de 2023. Durante aproximadamente diez meses, se juzgará a cinco miembros del Grupo Cursach, cuatro funcionarios y 14 agentes de la Policía Local de Palma.
Las acusaciones particulares personadas en el caso mantienen su petición de condenas, pero el Ministerio Fiscal presentó, hace apenas dos semanas, un nuevo escrito en el que retira la acusación contra ocho personas, una de ellas fallecida durante la fase de instrucción judicial.
Además, la Fiscalía reduce su petición de pena de cárcel para Cursach a un año y medio después de no atribuirle un delito de cohecho activo continuado y de coacciones. Inicialmente, la Fiscalía pedía ocho años y medio de cárcel. Cabe recordar que el empresario de ocio nocturno estuvo en prisión provisional por esta causa 14 meses, entre febrero de 2017 y abril de 2018.
En cuanto al 'número 2' de Cursach, otro de los principales acusados en este caso, la Fiscalía también rebaja su petición de pena de cárcel a tres años y medio después de eliminar el delito de cohecho activo.
Igualmente reduce la solicitud de cárcel para el subinspector Bartolomé Capó (15 meses), los oficiales de la Patrulla Verde Gabriel Torres (tres años y medio), Feliciano Franco (dos años), el policía Rafael Amengual (dos años), el subinspector Carlos Tomás (casi seis años) y el agente Daniel Montesinos (seis años y nueve meses).
El nuevo escrito firmado por los fiscales Juan Carrau y Tomás Herranz atribuye delitos de pertenencia a grupo criminal a Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Antonio Bergas, Bartolomé Capó y Gabriel Torres.
A los demás acusados, concluye que sus hechos son constitutivos de delitos como, por ejemplo, prevaricación administrativa, cohecho pasivo, activo, abuso de función pública por solicitud sexual, salud pública y revelación de secretos, entre otros.
Estas nuevas conclusiones prescinden de más de 20 folios del relato firmado por el propio Carrau y el fiscal Miguel Ángel Subirán --que irá a juicio por la instrucción principalmente del 'caso ORA'-- a finales de 2018, cuyo eje principal era el delito de cohecho al considerar que los acusados del grupo Cursach "dieron las instrucciones y órdenes oportunas para que se llevase a cabo la práctica habitual de regalar u obsequiar a diversos funcionarios públicos que tenían competencias en temas que podían afectar la marcha de los negocios de ocio del grupo".
Con todo, los fiscales tachan sobre el anterior escrito cualquier referencia de favorecer al entramado empresarial de Cursach y describe las actuaciones y decisiones "arbitrarias e injustificadas" de los responsables de la Policía Local de la Patrulla Verde y agentes que se dedicaron durante años inspeccionar locales para generar "perjuicios económicos a diversos empresarios".
