Alrededor del 80 por ciento de las empresas de transporte de Baleares está en contra de la normativa que obliga a sustituir los neumáticos en mal estado por otros de la misma carga, según ha informado este jueves la Federación Empresarial Balear de Transporte (FEBT).
En un comunicado, esta entidad ha señalado que ha realizado una encuesta en la que se constatan estas cifras y que la mayoría de las empresas está en desacuerdo con esta normativa por considerarla "injusta y en contra de los intereses del sector, sin que ello afecte a la seguridad de los vehículos".
Según el gerente de la FEBT, Salvador Servera, esta medida se puede calificar de absurda ya que, según ha explicado, "si el profesional sustituye un neumático en malas condiciones, no puede adquirir otro de idéntico modelo, medida e índice de carga, si es de una marca diferente, por lo que se ve obligado a sustituir ambos neumáticos de la misma marca".
Así, ha indicado que, si el neumático sustituido es de otra marca, con las dimensiones, medidas e índice de carga correctos, esto no afectaría "en nada a la seguridad del vehículo". Además, la FEBT cree que esta medida no contribuye a prolongar la vida útil del neumático del mismo eje que se encuentra en buen estado porque se produciría un "reciclaje innecesario".
"Esta medida, que favorece claramente a las marcas de los neumáticos, ya es de aplicación en todas las Islas y, si bien ya afectaba a todos los turismos, ahora dicha normativa rige para todos los vehículos, ligeros y pesados, siendo realmente perjudicial económicamente, sobre todo para aquellas empresas que operan con vehículos de gran tonelaje con semirremolques", ha manifestado Servera.
Por otro lado, ha señalado que, a consecuencia de la aplicación de esta normativa, en torno a un 65 por ciento de las empresas del sector se ha visto obligada a sustituir ambos neumáticos de sus vehículos. Asimismo, se da el caso de empresas con vehículos pesados cuyo número de ruedas es superior a dos por eje, con lo hay un coste añadido.
Finalmente, el gerente ha señalado que se pondrán en contacto con las autoridades competentes en materia de ITV, esto es, el departamento de Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, así como con la Dirección General de Industria del Govern, con el objetivo de buscar una solución viable que evite que se continúe aplicando esta "polémica normativa".