El Govern balear ha aprobado el decreto que le permite expropiar por un periodo de 7 años viviendas vacías en manos de grandes propietarios para ponerlas a disposición de demandantes de alquileres sociales.
El Consell de Govern ha dado el visto bueno al desarrollo normativo de la Ley de Vivienda aprobada en 2018, que, según el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, es una norma "sin precedentes" en el Estado español para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda digna.
El decreto se articula en tres ejes: la determinación precisa de las condiciones de las viviendas susceptibles de pasar a integrar la bolsa de viviendas vacías, el funcionamiento de este registro de inmuebles y el proceso de cesión, voluntaria o forzosa, de los pisos, cuyos propietarios serán compensados por la administración pública.
"Nuestro objetivo es que no haya viviendas vacías" y que los inmuebles residenciales estén en el mercado para atender las necesidades de la población en lugar de ser un bien especulativo sin uso, ha argumentado Pons, que ha subrayado que la ley y el reglamento se basan en la premisa de que la vivienda es un bien social y corresponde a la administración ponerlo a disposición de quienes tienen menos recursos
