Los hechos se enmarcan en una de las piezas separadas del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío millonario de fondos públicos y el supuesto amaño de contratos durante aquella legislatura (2003-2007) así como bajo el último mandato del Pacte -cuando Unió Mallorquina controlaba esta empresa dependiente del Govern-. En concreto, el Ministerio Público reclama diez años de cárcel para cada uno de ellos por presuntos delitos de malversación, fraude, prevaricación, falsedad mercantil, falsedad de funcionario y cohecho. Del mismo modo, solicita cinco años y diez meses de prisión para el exasesor jurídico del Ibatur Miquel Àngel Bonet, tres años para Kamal Dorai, dos años y seis meses para la mujer de éste, Francisca Jaume, y 18 meses para el publicista Bartolomé Morey.
Según el Ministerio Público, Alía, Alabern y Bonet aprovecharon las competencias que les conferían sus cargos para resolver expedientes de contratación "de manera ilegal y arbitraria" con el objetivo de favorecer económicamente a los empresarios acusados. A cambio, sostiene, "obtenían beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían". La acusación pública calcula que el pago de cantidades y regalos que hicieron los proveedores asciende a más de 128.000 euros, lo que suponía un incremento en la facturación que soportaba el Ibatur puesto que suponía el encarecimiento del precio de la contratación.
Los expedientes investigados estaban relacionados con la contratación de servicios de catering y restauración en ferias de promoción turística. Del mismo modo, la Fiscalía señala que después de que Alía renunciase a la gerencia del Ibatur, en julio de 2004, dos meses después constituyó la sociedad Amengual&Pino Consultores, que se habría visto beneficiada de expedientes de contratación simulados por orden de Alabern y Bonet. La mercantil habría percibido de este modo 33.600 euros.
Tanto Alabern como Alía se encuentran entre los detenidos en la primera fase policial del caso, que constó de hasta cinco operaciones que se saldaron con más de una veintena de arrestados entre exaltos cargos de PP y UM y empresarios presuntamente implicados en esta trama de desvío de fondos.
El juez instructor de la causa, Pedro Barceló, reactivó asimismo, el pasado mes de mayo, las pesquisas del caso Ibatur y más en concreto en torno a los contratos suscritos por este organismo con la mercantil Match Golf, investigada por los pagos presuntamente irregulares que cobró del Ejecutivo balear y por los abonos que a su vez efectuó a favor de una de las principales sociedades bajo sospecha en la trama Gürtel, Easy Concept Comunicación.
El magistrado solicitó los informes existentes en relación a los contratos suscritos entre el Ibatur, Match Golf y Reial Pula Golf, empresas que promovieron durante el último mandato de Matas el conocido torneo de golf Mallorca Classic, objeto de investigación en este caso. Los investigadores apuntan al presunto desvío de unos 17 millones de euros con motivo del patrocinio de este evento por parte del Govern, y ello a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al torneo habitualmente celebrado en s'Era de Pula (Son Servera).
Mediante el convenio de patrocinio, la financiación aportada por el Ibatur fue, en concreto, de 1,1 millones de euros en 2003; 2,3 millones en 2004; 3,4 millones en 2005, y 9,2 millones en 2006 y 2007. Sin embargo, el material justificativo por parte de estas empresas no llegó a ser presentado en la forma estipulada como tampoco factura alguna que justificase en qué se gastó el dinero, tal y como arrojan las pesquisas. Match Golf es sólo una de las numerosas empresas investigadas en esta causa, puesto que a través del continuo fraccionamiento de contratos que entre 2005 y 2007 efectuó el Ibatur para que pudieran ser adjudicados de forma directa se habrían visto favorecidas hasta unas 70 mercantiles.
