El Ayuntamiento de Palma deberá devolver más de cinco millones de euros a los propietarios de unos terrenos en Son Pardo en los que estaba previsto construir una ciudad de la Justicia en la capital balear. Un proyecto anunciado a finales de 2022 por parte de la entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, sin que el Estado haya adquirido todavía los terrenos, situados junto a la Via de Cintura.
El consistorio desclasificó esos terrenos como urbanizables en el Plan General aprobado el año pasado por lo que, ahora, se tiene que reintegrar a la junta de compensación de Son Pardo el depósito realizado en 1998 además de los intereses que se han generado a lo largo de este tiempo debido a la imposibilidad de urbanizar la zona. La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, ha señalado que la devolución se debe a una reclamación formulada por el presidente de la junta.
Según ha explicado la portavoz, el plan de 1998 sí permitía la urbanización de la zona, aunque en 2012 se redactaron informes que señalaban que una parte de la misma presentaba riesgo de inundación. El Plan General de 2023, basándose en estos informes, declaró toda la zona como espacio verde, lo que implica que no se puede urbanizar. Como consecuencia de esta decisión, el Ayuntamiento se ve obligado a devolver el depósito que la junta de compensación de Son Pardo abonó en su momento por los derechos de urbanización del suelo. "El Ayuntamiento no tiene más remedio que pagar, ya que así lo establece la ley", ha afirmado.
La cantidad a devolver asciende a más de cinco millones de euros, y se suma a los intereses generados durante estos años. Celeste ha lamentado la situación y ha criticado la falta de comunicación con el Ministerio de Justicia, que es el responsable del proyecto de la ciudad de la justicia. "En estos casi 11 meses en el equipo de gobierno hemos intentado mantener alguna comunicación y no ha sido posible", ha señalado la portavoz. "Solo tenemos constancia de que esos solares siguen sin ser propiedad del Ministerio", ha añadido.
