El Ayuntamiento retoma la segunda fase del desalojo de Son Banya
Bienestar Social estima que 68 de las 85 familias que residen necesitarán ayuda para encontrar una alternativa habitacional, ya sea con una vivienda o con ayuda económica.
El Ayuntamiento de Palma ha reanudado la segunda fase de desalojo del poblado de Son Riera-Son Banya y ha publicado el anuncio de licitación de las obras de demolición de las 95 viviendas que aún quedan en Son Banya y donde viven unas 85 familias.
En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado este jueves que las obras tienen un coste de 917.575 euros y se ajustarán a los procedimientos y desalojos previstos. El plazo de ejecución es de 45 meses y las ofertas se pueden presentar hasta el 16 de junio a las 14:00 horas.
Desde Cort han asegurado que, de esta manera "se da un paso más para la erradicación definitiva del poblado", que había quedado parada debido al estado de alarma provocada por el coronavirus.
A diferencia de la primera fase, en esta ocasión los demoliciones no se harán por viviendas sino por manzanas para mejorar la seguridad y la efectividad del proceso. Una vez derribadas se construirá un talud para evitar que se vuelvan a levantar nuevas construcciones.
El teniente de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, ha explicado que el derribo de viviendas de manera individual presentaba "grandes dificultades cuando, por falta de información detallada de las construcciones, aparecían estructuras compartidas o construcciones no documentadas".
Bienestar Social estima que 68 de las 85 familias que residen necesitarán ayuda para encontrar una alternativa habitacional, ya sea con una vivienda o con ayuda económica.
Inicialmente el programa de desalojo calculó que un total de 80 familias necesitarían ayuda social, de ellas ya en la primera fase han entrado en el programa 12 familias.
En total, ocho fueron realojadas en vivienda pública en régimen de alquiler, tres recibieron ayudas económicas --con un coste aproximado de 3.000 euros cada una para poder conectar el suministro de agua a sus hogares-- y una familia rechazó la vivienda que se le había adjudicado.
En febrero se aprobó la adjudicación del servicio para la defensa técnica y representación en los procedimientos de desalojo por valor de 183.501,47 euros y se adjudicó un primer lote de defensa técnica a la empresa Gabinete Bebido SLC para un importe de 136.125 euros.
En marzo se firmó el contrato con las empresas adjudicatarias de los servicios que quedaron suspendidos temporalmente debido a la parálisis de la administración judicial. A medida que se reinicie la actividad judicial se iniciarán los procesos de órdenes de desahucio.
La necesidad de estos servicios profesionales está prevista para la interposición, como máximo, de 95 procedimientos judiciales de desalojo. Este número coincide con el de las viviendas que, para alcanzar el objetivo de su total desaparición del poblado, quedan por demoler.
En paralelo, también se reanudará la elaboración de un nuevo censo de los habitantes del poblado, un recuento adjudicado a Cruz Roja, y que debido a la crisis sanitaria había quedado paralizado.
Hay que recordar que la primera fase del proceso de derribo de Son Banya empezó en julio de 2018 y terminó en marzo de 2019. Entonces se ejecutaron 42 órdenes de desahucio, salieron del poblado 28 familias --68 adultos y 49 niños-- y se derribó 31 viviendas.
"Nuestra ciudad no se puede permitir tener un núcleo de pobreza y exclusión social como éste. Por eso continuamos trabajando para hacer que el poblado de Son Riera-Son Banya sea un solar a finales del 2021. Es nuestro objetivo y no cejaremos", ha concluido Noguera.