El Gobierno de España ha asignado a las Islas 10 menores extranjeros procedentes de Canarias. Así se ha acordado en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrado en Tenerife, en la que ha participado, de forma telemática, la Consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quién ha advertido este miércoles al Ejecutivo central que Baleares no está en condiciones de poder seguir acogiendo a menores migrantes no acompañados.
Cirer ha recordado que en el reparto inicial de 2022 se asignaron 20 menores a las Islas, pero la situación migratoria particularmente complicada que vive Baleares ya provocó que se tuviera que renegociar esta cantidad en una conferencia sectorial el octubre pasado, reduciendo un 50% las personas asignadas para poder atender a estos jóvenes con las condiciones más dignas posibles.
Cirer ha argumentado que a día de hoy en el archipiélago se presta atención a 306 menores extranjeros no acompañados, lo que supone una sobreocupación del 650% por encima de su capacidad. La consellera ha reclamado, además, al Ministerio de Juventud e Infancia que se trate a la comunidad como ruta migratoria.
Sobre la acogida de estos 10 jóvenes procedentes de Canarias, el Ministerio transferirá 529.250 euros para su atención, pero aun así Cirer ha querido poner de manifiesto que esta cantidad es "del todo insuficiente".
Igualmente, la consellera ha pedido tiempo al Ministerio para valorar cómo se puede atender a estas personas "con las garantías que merecen", antes de firmar los convenios pertinentes con Canarias por la tutela de estos menores y ya ha avisado que las Islas no podrán aceptar futuros repartos, teniendo en cuenta que como ruta migratoria seguirán llegando menores directamente a las Islas.
POLÍTICA DE IMPOSICIÓN
Catalina Cirer ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido públicamente una conferencia de presidentes para abordar esta situación y ha cuestionado la política llevada a cabo por el Ejecutivo central.
En esta misma reunión se ha expuesto el borrador de modificación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta modificación contempla la posibilidad de establecer el reparto vinculante a las comunidades autónomas frente a situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.
"No toleraremos ninguna imposición de un gobierno que vive de espaldas a la realidad de Baleares, que está sufriendo la principal ola de migración irregular de su historia", ha destacado la consellera Cirer. Este año ya han llegado a las costas de Baleares 1.035 migrantes, un 128% más que el pasado año.
