Los PGE, que deben discutirse en las próximas semanas para que la financiación a las Comunidades Autónomas tenga efecto para este año 2018, se están conviertiendo en la asignatura pendiente de este Ejecutivo. Además la "crisis catalana" ha incrementado la imposibilidad de que el Gobierno y el resto de fuerzas políticas lleguen a un acuerdo.
Las voces en contra de Cristóbal Montoro y de las actuaciones de su Ministerio, no han tardado en llegar. El PSOE ha calificado de "chantaje intolerable" que el Gobierno vincule la renovación del sistema de financiación autonómica a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para los que, por el momento, "aún no cuenta con apoyos necesarios". El secretario de Política Económica y Empleo del PSOE, Manuel Escudero ha tildado este comunicado como "una deslealtad institucional inaceptable".
Por su parte, desde el Govern, también han mostrado su descontento. La consellera de Hacienda, Catalina Cladera, ha afirmado que esta medida se debe a un sistema de "presión que el Gobierno quiere ejercer sobre las Comunidades Autónomas"