Baleares ha asumido este 1 de julio una parte de las competencias en materia de Costas y Litoral, con una dotación económica de 1,3 millones de euros --982,19 euros por kilómetro de dominio público marítimo-terrestre--. Además, se hace cargo de 18 puestos de trabajo, que formaban parte de la Administración General del Estado. Estos empleos se suman a los 12 de personal funcionario que el Consell de Govern aprobó crear de manera extraordinaria el pasado mes de mayo y los ocho que prestan servicio en la Dirección General de Territorio y Paisaje.
Asimismo,el traspaso de una parte de las competencias de Costas y Litoral a Baleares también incluye la sede de la Demarcación de Costas en Palma y seis vehículos. El traspaso implica que la Comunidad es desde este 1 de julio la responsable de gestionar y ordenar tanto el dominio público terrestre en la costa como lo que se conoce como mar territorial, 12 millas náuticas mar adentro desde la línea de costa.
Así, Baleares se encargará a partir de ahora de gestionar las autorizaciones administrativas dentro del dominio público marítimo terrestre; usos de temporada --como sombrillas, zonas de fondeo, conciertos o carreras, e instalaciones desmontables con vigencia inferior a cuatro años; las zonas de servitud de tránsito --los primeros seis metros desde la ribera del mar-- o las concesiones demaniales que incorpora la Ley de Costas --como explotaciones de acuicultura o usos privativos superiores a cuatro años--.
Además, la Comunidad asume la tarea de vigilar el cumplimiento de las condiciones de las autorizaciones y de sancionar las infracciones y recaudar las multas. También, Baleares pasa a tener competencias en cuanto a planificación de proyectos y ejecuciones de obras que no sean de interés general y puede participar, mediante propuestas e informes, en las obras que ejecute el Estado bajo el paraguas del interés general --como por ejemplo la regeneración de playas--.
Por su parte, el Gobierno de España se reserva el cobro del canon de ocupación, la decisión final de las concesiones y planificar los proyectos y obras de interés general. Por ello, partidos como el El PI-Proposta per les Illes Balears se ha referido al traspaso de las competencias de Costas y Litoral a Baleares como "una estafa", al considerar que esta transferencia es "parcial" y el Estado "se queda la capacidad de decisión".
EL PI CRITICA EL TRASPASO
El PI-Proposta per les Illes Balears se ha referido al traspaso de las competencias de Costas y Litoral a Baleares como "una estafa", al considerar que esta transferencia es "parcial" y el Estado "se queda la capacidad de decisión". Así se ha pronunciado el presidente de El PI, Tolo Gili, en una nota de prensa, en la que ha asegurado que "no puede ser que el Estado se reserve el derecho del cobro del canon por ocupación de instalaciones en la costa" porque esto, a su juicio, supone que "Baleares tendrá que hacer el trabajo y el Estado se llevará el dinero".
En este sentido, Gili ha insistido en que "este traspaso de competencias es una estafa y una vergüenza". "El Estado se queda prácticamente todo el poder de decisión y se quedará con el dinero. En definitiva, la Comunidad tendrá que hacer el trabajo y el Estado se embolsará el dinero", ha destacado.
"Los que han negociado este traspaso han pinchado. Lo han vendido como una victoria y, sí, tendremos las competencias de Costas y Litoral, pero al final la capacidad de decisión la tendrá el Estado", ha reiterado Gili. "El nuevo gobierno tendrá que renegociar las competencias y que estas sean completas y efectivas. Esperamos que no esté en manos de la ultraderecha, que ya ha dicho que quiere devolver competencias a Madrid", ha explicado asimismo el presidente de El PI.
Finalmente, Gili ha hecho un llamamiento "para que el Estado cumpla el Estatut d'Autonomia y respete el autogobierno y la autonomía política". "Se tienen que volver a negociar las competencias de costas y se tienen que exigir las de Justicia o la gestión de los Puertos y Aeropuertos de Baleares", ha sentenciado.
