Vivienda

Baleares quiere ceder suelo público a los promotores para construir pisos a precio tasado

Baleares quiere aumentar su parque de vivienda con pisos a precio de protección oficial construidos por la iniciativa privada en suelo municipal.

Europa Press

Illes Balears | 30.01.2024 12:59

Construcción de una promoción de viviendas de protección oficial en Palma
Construcción de una promoción de viviendas de protección oficial en Palma | GOIB

La conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio ha puesto en marcha un proyecto para identificar suelo disponible en los municipios para que los Ayuntamientos que lo deseen lo cedan al Ibavi para que promotores privados levanten vivienda protegida.

Lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera del ramo, Marta Vidal, junto al director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, que aunque no han concretado la cantidad de vivienda que podrían construirse -en un escenario muy optimista, casi una "quimera", podrían ser más de 1.000, según han admitido- que han explicado que el proceso consiste en la cesión de suelo público a la iniciativa privada para la construcción de vivienda pública de alquiler, tanto para la realización de nuevas promociones de viviendas de protección oficial como para promover alojamientos dotacionales.

Cuando el Govern sepa con cuánto suelo puede contar, podrá entonces trasladar una aproximación de cuántas viviendas se podrían construir, han explicado, dirigidas tanto a colectivos vulnerables como a empleados públicos desplazados.

Se abre la puerta, además, a reservar parte de las promociones a residencias para trabajadores esenciales como funcionarios, personal sanitario o docentes y dar respuesta a la problemática de falta de vivienda que redunda en la dificultad de completar las plantillas.

El Govern, con la colaboración del Instituto Cartográfico, ha llevado a cabo un trabajo previo de identificación de suelos vacantes de uso residencial, de titularidad pública o destinados a equipamientos, e inicia ahora una consulta previa a todos los ayuntamientos.

El siguiente paso será la preparación de una convocatoria pública para licitar, mediante concurso, aquellos terrenos que sean propuestos por los diferentes ayuntamientos de las Islas para ser destinados a la construcción de nueva vivienda pública.

En plazos, la consellera y el director general han señalado que si todo va según lo previsto, en 2025 podría alcanzarse la fase de adjudicación del concurso por lo que ese mismo año podrían comenzar algunas obras. Así, en el segundo semestre de 2026 podrían haber ya viviendas disponibles.

Según han explicado, aunque los ayuntamientos no tienen un límite para dar respuesta a la consulta, se les ha trasladado la necesidad de que lo hagan lo antes posible. "Les estamos dando el trabajo hecho", han señalado.

Respecto a otras modalidades para la promoción de vivienda pública, la consellera ha hecho hincapié en que esta vez tiene un coste cero para la administración, lo que convierte la opción en atractiva para "dar respuesta a la problemática más grave que existe a día de hoy en las Islas".

CONSTRUIR PARA ALQUILAR

El programa 'Construir para alquilar' consta de varias fases. En primer lugar, la fase actual que se ha llevado a cabo de identificación de suelos y de consulta previa a los ayuntamientos; y posteriormente, la elaboración de un catálogo inicial de suelos, con aquellos terrenos confirmados por los ayuntamientos; los estudios de viabilidad sobre las condiciones económicas de las actuaciones y de duración de las concesiones; y el catálogo definitivo de suelos, en el que ya se concretará la superficie total y el número de viviendas que se podrán construir.

La siguiente fase será la firma de los correspondientes convenios con los ayuntamientos para la cesión de terrenos municipales a la Comunidad Autónoma que se destinen en este programa; y finalmente, la convocatoria del concurso público por parte de la Comunidad Autónoma, de cesión del derecho de superficie a la iniciativa privada para la construcción y gestión de las viviendas de protección oficial de alquiler o de los alojamientos dotacionales.