La Audiencia Provincial de Baleares juzgará a partir del 25 de noviembre el conocido como caso Calanova, en el que se sentará en el banquillo el exconseller de Turismo Carlos Delgado, entre otros procesados.
Según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, antes de esa fecha se ha convocado a las partes a una vista previa, si bien en este momento parece poco probable que se cierre un acuerdo que evite el juicio.
Por ello, se han señalado ya sesiones para celebrar el juicio entre el 25 de noviembre y el 17 de diciembre.
En 2022 la Audiencia confirmó la apertura de juicio oral tras rechazar un recurso de Delgado y otros investigados. El Tribunal consideró que los indicios reunidos por la investigación en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma son suficientemente sólidos y que procede la celebración del juicio.
La Fiscalía pide para el exconseller una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros.
Por su parte, el Govern balear, personado como acusación particular a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, reclama diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y dos años de cárcel, así como el pago de una multa.
El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic. La Fiscalía acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio.
Esta adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Carlos Delgado (PP) era conseller de Turismo y presidente de Ports de les Illes Balears en el Govern de José Ramón Bauzá.
Un empresario presentó una querella contra el exconseller y otras empresas concursantes denunciaron irregularidades, como que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Además mantuvieron que la baja de precios realizada por Port Olímpic era "temeraria", pero Ports IB rechazó estos recursos.
En la pieza se investiga a otras cinco personas: el exsecretario general de la Conselleria, un abogado, el socio de despacho del exconseller y dos empresarios.
