La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha hecho un llamamiento "a la vuelta a la serenidad" en el caso Cursach después de que este lunes se haya celebrado una manifestación contra la instrucción judicial.
El órgano rector de la entidad colegial aboga en un comunicado tanto por la resolución de "las discrepancias procesales" en el ámbito del procedimiento judicial como a que se facilite que los abogados puedan trabajar con la debida "consideración" sin que se cuestione su labor de defensa.
Aún reconociendo que la libre manifestación es un derecho fundamental, el Icaib "considera del todo conveniente que se promueva el clima de sosiego deseable para que, tanto la administración de justicia, como la totalidad de los operadores jurídicos, puedan llevar a cabo su tarea en condiciones óptimas.
Reclama la entidad que las diferencias entre los implicados en el proceso judicial del caso Cursach "se diriman en el lugar adecuado para ello, dentro del respeto más absoluto al principio de igualdad de las partes en el proceso y a la independencia judicial y letrada, siempre en aras de la correcta y leal administración de justicia".
El Colegio de Abogados balear reivindica "la imperiosa necesidad de que se respete el derecho constitucional de defensa que se traduce en que los abogados puedan desempeñar su labor profesional con plena libertad, independencia, dignidad y consideración, sin que en modo alguno esté justificado que se cuestione su buen hacer o rectitud profesional por el mero hecho de defender los intereses de sus clientes".
El pronunciamiento del Icaib se produce después de que este lunes unas 200 personas, convocadas por el abogado Vicente Campaner, se hayan manifestado ante los juzgados de Palma y el Tribunal Superior de Justicia denunciando instrucción del caso Cursach por parte del juez Manuel Penalva y del fiscal Miguel Ángel Subirán, a quienes han acusado de falsear pruebas para encarcelar inocentes.
Tres asociaciones de jueces, el fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, y la Unión Progresista de Fiscales han criticado la manifestación al considerarla una ejercicio de presión sobre la independencia judicial.