Las compañías aéreas y marítimas estarán obligadas a partir del próximo día 1 de marzo a solicitar la residencia al final de la venta y no al inicio, como sucedía hasta ahora, como marca la ley general de Presupuestos.
Según ha informado el conseller de Movilidad y Vivienda del Govern balear, Marc Pons, en rueda de prensa, "tras luchar desde hace tiempo el Ejecutivo autonómico para obligar a compañías aéreas y marítimas a solicitar la residencia de los viajeros al final de la compara en vez de al principio y tras debates públicos con el Gobierno central, esta petición se ha incorporado a la ley general de los Presupuestos, que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero".
Si bien, ha puntualizado, "el redactado en la ley da dos meses a las compañías aéreas para que modifiquen su procedimiento de compra, de modo que la obligatoriedad de que se solicite la residencia al final entrará en vigor a partir del próximo día 1 de marzo".
Al respecto, ha explicado que, después de realizar un sondeo con diversas compañías, "aquellas con las que el Govern ha podido hablar han asegurado estar ya trabajando en la modificación de su programa informático de venta para aplicar la nueva norma". La fecha límite para actualizar el algoritmo finaliza el próximo día 28 de febrero.
Para el conseller, la inclusión de esta nueva norma dentro de la ley general de presupuestos es "un paso importante en el camino hacia que el descuento de residente repercuta sobre esta figura y no sobre la cuenta de resultados de las compañías", ha aseverado.
Además, ha advertido, "todas aquellas compañías que no cumplan con la nueva normativa se enfrentarán a las penalizaciones estipuladas en la ley general de subvenciones".
Asimismo, en paralelo, ha adelantado, el Govern balear trabaja en otras medidas relativas al descuento de residente, como "establecer un techo máximo al precio de los billetes de las compañías aéreas y marítimas".
INCREMENTO PRESUPUESTARIO DE BONIFICACIÓN DEL DESCUENTO DE RESIDENTES
Respecto a la bonificación del descuento de residentes, Pons ha destacado que en los presupuestos de esta 2021 se ha incrementado la relativa al transporte aéreo y también al marítimo.
Así, concretamente, ha detallado, "en los años 2018, 2019 y 2020 se ha bonificado el descuento al transporte aéreo con 117,8 millones de euros. Mientras, la previsión para 2021 son 212 millones de euros para el descuento de residente, lo que se explica debido al salto del 50 al 75% de descuento que hasta ahora no se contemplaba".
Además, ha añadido, "en el caso del transporte marítimo, en 2018, 2019 y 2020 se han destinado 24,4 millones de euros en ayudas y en 2021 se ha multiplicado la partida hasta los 50,7 millones de euros, que aporta el Gobierno".
"Se trata de partidas que, en cualquier caso, son ampliables. De modo que, si se gastara todo el dinero, nadie se quedaría al margen del descuento de residente, sino que se ampliarían las cantidades que se han destinado a las bonificaciones", ha aseverado el conseller.
En cuanto a la bonificación para familias numerosas, Marc Pons ha adelantado, sobre el cinco por ciento de descuento que se les aplica, que la partida de estas ayudas se ha cifrado en 4.450.000 millones de euros.
SOBRE EL INFORME DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
Por otra parte, el conseller se ha pronunciado sobre la decisión del Gobierno central de no hacer público el informe de la Universidad Pompeu Fabra sobre el impacto del 75% del descuento a residentes en la subida de las tarifas aéreas.
En esta línea, ha adelantado a los medios que "el Govern balear pedirá al Ejecutivo nacional, si no se ha hecho ya por que la orden se ha dado, que se le facilite esta información" aunque ha reconocido que detrás "hay datos que son sensibles" y, por tanto, "habrá que ver en qué condiciones se entregan a Baleares para decidir si se hacen o no públicos".
"Es importante la protección de datos y hacer un uso responsable de la información que se facilite, aunque en aquellos términos en que sea posible, es bueno y necesario hacer un ejercicio de transparencia más en casos con recursos públicos que, además, pueden ayudar a la solución de un problema", ha enfatizado.
Si bien, ha concluido, "hay que tener en cuenta que actualmente el problema no es tanto que haya recursos suficientes para hacer frente al descuento de residente, sino que parte de estos recursos se quedan por el camino, en las compañías, en vez de en los ciudadanos".
