El presidente del PP de Baleares, Biel Company, ha lamentado este lunes el "extraño silencio" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, ante un proyecto de Presupuestos Generales del Estado que "dejan a la cola" a las Islas en la inversión territorializada.
En una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP ha anunciado que este martes en el pleno de la Cámara autonómica preguntará a la jefa del Ejecutivo su opinión sobre las cuentas y ha lamentado que si gobernara el PP en España la crítica sería "furibunda".
En este sentido, Company ha criticado los intentos "patéticos" por parte de miembros del PSIB de justificar las cuentas del Estado que, según el líder popular, demuestran que Baleares "no está entre las prioridades de Pedro Sánchez.
Respecto a la situación sanitaria y la evolución de la pandemia, Company ha calificado de "deficiente" la gestión por parte del Ejecutivo autonómico, que es "incapaz" de controlar el incremento de contagios.
El líder popular se ha referido a "comportamientos incomprensibles" como no practicar pruebas PCR a todos los pacientes que ingresan en los centros hospitalarios que los sindicatos, según Company, han tildado de "tremenda temeridad".
Asimismo, Company ha criticado el traslado del centro de salud de El Carme al Hospital General y la intención de convertir el centro e oficinas "para colocar a más enchufados".
El presidente del PP se ha referido a la comparecencia de la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, prevista para este martes en el Parlament para informar del conocido como 'caso Corea' y ha criticado el intento del Govern de tapar la cuestión de los abusos sexuales de menores tutelados.
Company ha asegurado que esta comparecencia no debería realizarla Santiago porque tanto ella como el presidente del IMAS, Javier de Juan, ya deberían haber dimitido.
El portavoz popular se ha referido igualmente a la interpelación que su grupo presentará este martes en relación a la política general relativa a la defensa del orden constitucional en las Islas, ante lo que consideran "ataques a la Constitución y a las más altas instituciones del Estado, con el Rey a la cabeza", por parte de movimientos y grupos políticos, algunos de ellos socios del Ejecutivo autonómico.
