Competencia advierte de los efectos negativos para la economía que supondrá la prohibición del diésel en Baleares

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha registrado este lunes una carta en el Parlament dirigida al presidente del mismo, Baltasar Picornell, señalando que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede producir "una serie de efectos negativos" y proponiendo "un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada", así como la aplicación de "medidas menos gravosas".

A continuación, el presidente de la CNMC ha asegurado tener como objetivo "garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en los mercados, en beneficio de los consumidores y usuarios".

De este modo, ha señalado que hay determinados aspectos que pueden suponer "potenciales restricciones" a estas competencias, como puede ser la Disposición adicional tercera del proyecto en la que se contempla la prohibición, a partir de 2025, de la circulación de motocicletas y turismos que utilicen diésel como combustible, salvo para aquellos vehículos respecto de los cuales se establezcan reglamentariamente excepciones, por razones de servicio público o de su radicación previa en el territorio balear.

"La prohibición de determinados modelos de vehículos tendrá un efecto negativo sobre la competencia en múltiples actividades como la venta de vehículos, la distribución de carburantes en estaciones de servicio, las actividades de reparación de vehículos o de alquiler de vehículos, entre otros, y todo ello en detrimento de consumidores y usuarios", ha lamentado.

Asimismo, ha explicado que la medida "parece no ajustarse a los principios de buena regulación" porque "no parece que concurran criterios de prudencia y razonabilidad en la norma proyectada, ya que no se aportan datos que relacionen la eficacia de la prohibición con una efectiva cuantificación de la reducción de la contaminación"; y porque presenta aspectos "sustancialmente discriminatorios" al contemplar que los vehículos diésel puedan seguir circulando si cumplen una misión de servicio público o si presentan un criterio de radicación previa en el territorio.

Finalmente, ha criticado que no se ofrezca un análisis de alternativas que pudiera "justificar la decisión tomada", así como "medidas menos gravosas como peajes, limitaciones geográficas por zonas específicas de las islas o limitaciones horarias a la circulación".