El Consell de Mallorca asegura que la gratuidad del túnel de Sóller está garantizada, a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que ha confirmado la ilegalidad del rescate del túnel por parte del equipo del gobierno del Pacte en el año 2017.
El alto tribunal considera que no existía ninguna justificación para anular el contrato con la empresa, que acababa en 2022, por lo que da la razón a la concesionaria, que ahora podrá reclamar una indemnización millonaria para compensar los daños. El antiguo equipo de gobierno pago algo más de 16 millones de euros, de los 31 que pedía la empresa. Por este motivo, ahora todavía falta por abonar 15 millones de euros.
En este sentido, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, se ha comprometido a que "el impacto sea el menor posible para los mallorquines". En una rueda de prensa celebrada este jueves, Rubio ha calificado de "capricho político" y "grave irresponsabilidad" la decisión del equipo de gobierno de aquel entonces de rescatar el túnel.
Asimismo, ha mostrado su "absoluto respeto" por la sentencia del Tribunal Supremo y por el poder judicial, "a diferencia de las manifestaciones de los responsables del rescate, MÉS y PSIB, que lo que tendrían que hacer es pedir disculpas y asumir responsabilidades políticas".
A pesar del varapalo judicial, los partidos de izquierdas siguen defendiendo ese rescate. Desde MÉS insisten que contaba con los informes favorables del Consell, y aseguran que una vía alternativa gratuita no puede no justificar el interés general, según ha explicado este jueves el portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora. Además. También ha pedido al nuevo equipo de gobierno que "no recupere el peaje y estudie la posibilidad de recurso".
