Los controladores logran un acuerdo global para evitar el juicio por el caos aéreo de 2010
La Fiscalía está dispuesta a retirar la acusación contra los 7 controladores encausados si el resto se declaran culpables, tal y como como está previsto.
Fiscalía, acusaciones particulares y defensas de los 80 controladores acusados por el caos aéreo de diciembre de 2010 han llegado a un acuerdo por el cual se retirarán los cargos para 7 procesados si los 73 restantes se declaran culpables del delito de abandono del servicio.
Los siete controladores que quedarán libres de cargos si sus compañeros ratifican ante el tribunal de la Audiencia de Palma el acuerdo de conformidad comparecerán el próximo jueves, mientras que el resto han iniciado hoy ante el tribunal la ronda de declaraciones de aceptación de la pena.
Tras dos horas y media de negociación entre las partes, el presidente del tribunal ha expuesto a 18 de los encausados (uno de ellos a través de videoconferencia) los términos del acuerdo con las acusaciones y les ha pedido que expresaran su conformidad, a lo que todos han respondido afirmativamente.
Si el resto mantienen el acuerdo, en total 67 de los acusados aceptaran multas de 15.000 euros cada uno y 6 pagarán 31.500 euros y tendrán además una suspensión de empleo de 5 meses.
Según ha informado la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), se han consignado 15 millones de euros para indemnizar a los damnificados por el cierre del espacio aéreo del puente de la Constitución de 2010.
Si ningún acusado cambia de opinión y rehúsa la conformidad, el cierre del proceso en Palma permitirá concluir también el que hay abierto en Madrid, donde la Fiscalía tiene con 133 acusados un acuerdo en los mismos términos: 1.000 euros de compensación por afectado más cantidades variables por posibles perjuicios.
Esta solución conjunta estaba obstaculizada hasta ahora por la negativa a aceptar responsabilidad penal de los siete acusados a los que la Fiscalía ha ofrecido retirar las acusaciones. Sus defensas sostienen que pueden probar que o bien estuvieron trabajando durante el conflicto o estaban dispensados de hacerlo por causas justificadas.
Unos 600.000 viajeros se vieron afectadas por el cierre del espacio aéreo durante aproximadamente 20 horas entre la tarde del viernes 3 al sábado 4 de diciembre de 2010, una situación de la que el Gobierno culpó a los controladores que se declararon masivamente de baja, mientras que los profesionales de las torres responsabilizaron a Aena por mala gestión y abuso laboral.
Antes del inicio de la vista, el portavoz de USCA, Daniel Zamit, ha señalado que la asunción de la culpa es un "mal menor" para acabar con el proceso, pero que los encausados siguen sosteniendo que son inocentes y que actuaron bien.
Zamit ha insistido en que, aunque se hayan visto abocados al acuerdo, el bloqueo aéreo que sufrió España en el primer fin de semana de diciembre de 2010 fue responsabilidad del Gobierno y de Aena, que generaron "un conflicto político" en el que los controladores fueron "los grandes perjudicados".
"Nos consideramos inocentes", ha insistido el portavoz de USCA, que ha reconocido que el acuerdo con las acusaciones les deja "un sabor amargo".
El juicio continuará los tres próximos tres días y, previsiblemente, el jueves el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma dictará sentencia condenatoria acorde con la acusación pactada.