El Ayuntamiento de Palma calcula que dejará de ingresar 34 millones de euros este año, aproximadamente un 8 % de lo que tenía previsto, por la caída de la actividad económica en la ciudad a causa de la crisis del coronavirus.
El concejal de Hacienda, Adrián García, ha explicado este miércoles que esta caída de ingresos hace inevitable el déficit presupuestario en 2020, lo que a su vez impide usar los 32,6 millones de remanente de 2019 para paliar este exceso de gasto.
García ha lamentado esta situación, forzada por la Ley de Estabilidad Presupuestaria en vigor, cuya modificación ha reclamado el Ayuntamiento de Palma al Gobierno, en consonancia con la "petición unánime del municipalismo".
"Con las actuales reglas, habiendo hecho nuestros deberes no podemos hacer uso de ese dinero", ha insistido el edil en una rueda de prensa telemática después de que la Junta de Gobierno de Cort haya aprobado la liquidación del último presupuesto.
El responsable municipal de Hacienda ha explicado que el consitorio cerró 2019 con una deuda situada en el 47 % de los ingresos, con un pasivo frente a los bancos de 182 millones de euros, y un tiempo medio de pago a proveedores de 15,7 días, casi la mitad del máximo legal.
Además, cumplió también la regla de gasto en cuanto que no superó el 2,7 % de incremento respecto al ejercicio anterior.
Con ello, el único condicionante que le impide usar durante este ejercicio el remanente del anterior es el déficit previsto para 2020 por la crisis del coronavirus, según García, quien ha indicado que en los 34 millones de euros de caída no están contempladas las bajadas de ingresos de las empresas públicas, que presentarán "cifras similares".
La bajada estimada en los ingresos municipales derivará de las menores aportaciones de particulares y empresas por los impuestos y tasas de vehículos, plusvalías inmobiliarias, construcción, sanciones, actividades de ocio y restauración, entradas a lugares y eventos culturales, etcétera.
Si se le permitiera emplear el remanente de 2019, el gobierno municipal lo destinaría a atenuar la caída de ingresos y afrontar los gastos por las ayudas extraordinarias anunciadas para los damnificados por la crisis económica generada por la COVID-19.
"Hay que acabar con esta regla de gasto", ha enfatizado Adrián García, que confía en que el Gobierno cambie la ley ante "una situación de excepcionalidad" como la actual.
