Los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) solicitando la apertura de juicio oral contra el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los agentes de Policía Nacional que les investigaron en la macrocausa de presunta corrupción en la Policía Local.
En el escrito, piden penas de prisión que suman 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones durante la instrucción de la causa que ahora se ha juzgado en la Audiencia Provincial.
El escrito de acusación presentado este jueves llega justo después de terminar el juicio en la Audiencia, en el que la mayoría de acusados, incluidos Cursach, Sbert y Lladó, han resultado absueltos. Los abogados no especifican indemnizaciones civiles aunque se reservan expresamente, explican, el ejercicio de las acciones civiles que pudieran corresponderles.
Los representantes reclaman para el exfiscal Miguel Ángel Subirán tres años de prisión por revelación de secretos, 27,5 años, 247.500 euros de multa por 11 delitos de obstrucción a la justicia, dos años por un delito de falso testimonio, un año por coacciones y cuatro años por dos delitos obstrucción a la justicia. Al mismo tiempo, por varios delitos de prevaricación le piden más de 60 años de inhabilitación. En total, 37,5 años de prisión, 70 años de inhabilitación y multa de 799.470 euros.
Para el juez Manuel Penalva, las penas que se reclaman suman 36 años y medio de cárcel, 70 de inhabilitación y multa de 549.000 euros. En concreto, piden tres años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos, 27,5 años y 247.500 euros por 11 delitos de obstrucción a la justicia y otros dos por otro delito de obstrucción a la justicia. Por varios de los delitos de prevaricación le piden más de 60 años de inhabilitación.
Las penas que se reclaman para el subinspector de Blanqueo ascienden a 34 años y medio de cárcel, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa. En detalle, piden para el agente tres años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos, 27 años y medio por 11 delitos de obstrucción a la justicia, un año por un delito de coacciones y tres años por otro delito continuado de coacciones.
Para el inspector jefe reclaman tres años por un delito continuado de revelación de secretos, 27 años y medio por 11 delitos de obstrucción a la justicia y tres años por otro delito continuado de revelación de secretos. En total, 33 años y medio de cárcel, 45 de inhabilitación (más de 30 por prevaricación) y 247.500 euros de multa.
Los abogados de Cursach, Sbert, Lladó y Bergas piden para otro de los agentes de Blanqueo penas que suman 31 años y medio de cárcel, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa. En concreto, tres años por un delito continuado de revelación de secretos, 27 años y medios por 11 delitos de obstrucción a la justicia y un año de prisión por coacciones.
Para la exinspectora jefa piden tres años de prisión por un delito continuado de revelación de secretos y 27 años y medio por 11 delitos de obstrucción a la justicia. En total, 30 años y medio cárcel, 51 de inhabilitación (más de 40 por prevaricación) y 247.500 euros de multa.
En su escrito de acusación, los abogados aseguran, entre otros hechos, que Penalva, Subirán y los agentes se coordinaron para intimidar a detenidos en el conocido como 'caso ORA' con la finalidad de que realizaran declaraciones incriminatorias falsas o inducidas. Según los representantes legales, los acusados amenazaban con la extensión de la prisión provisional para que declarasen en contra del resto de detenidos.
Les acusan también de un delito continuado de revelación de secretos al apuntar que, desde el comienzo de la instrucción filtraron actuaciones policiales, resultados de diligencias , resoluciones bajo secreto, declaraciones de testigos, todo de manera interesada, vulnerando el derecho de presunción de inocencia de los investigados y limitando el derecho de defensa con la finalidad de conseguir "apoyo social".
En relación a las filtraciones, la acusación considera que todos estaban al corriente y que, a pesar de ello, ninguno actuó para impedir que se siguiera con la difusión de datos o informaciones ni tampoco se investigaron o persiguieron estos supuestos delitos.
