Este lunes se ha celebrado la primera sesión del juicio que sienta en el banquillo al juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, así como de otros cuatro funcionarios de la Policía Nacional acusados de cometer irregularidades durante la investigación de una supuesta trama corrupta en torno al empresario Bartolomé Cursach. Los seis acusados se enfrentan a penas que suman 576 años de cárcel por detención ilegal, revelación de secretos, prevaricación y obstrucción a la justicia.
Todas las defensas han pedido durante el juicio la nulidad de base de las pruebas.
En concreto, el abogado Javier Barinaga, defensa del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, ha solicitado la nulidad de los mensajes del grupo de Whatsapp en el que los investigadores del caso Cursach, junto con otros policías acusados, comentaban las investigaciones, al considerar que vulneran "gravemente" varios derechos fundamentales.
El resto de defensas del juicio contra los investigadores del caso Cursach se han adherido a la petición de nulidad del procedimiento y, por ende, de una sentencia absolutoria para todos los imputados en la causa, al entender que se han usado pruebas nulas que han llevado a la celebración del juicio.
Durante su intervención, el abogado del subinspector Miquel Ángel Blanco, Pedro Horrach, ha insistido, al igual que las otras defensas, en la nulidad del juicio "por usarse medios de prueba nulos para acceder a nuevas fuentes de prueba".
Al inicio de su argumentación, el letrado ha prometido "hacer un esfuerzo" para no revivir el caso Cursach y tratar de convencer al Tribunal de que "hay que poner fin a este juicio dentro de unos días".
Así, ha insistido en la nulidad de todo el procedimiento, al entender que se han vulnerado derechos fundamentales, y ha basado su defensa en la sentencia que declara nulos los rastreos de llamadas y las incautaciones de los teléfonos a los dos periodistas del caso Móviles.
Durante su discurso, también ha alegado que los dos policías que "por orden de Florit" investigaban las presuntas filtraciones "estaban perdidos" y faltos de evidencias.
Además, ha hecho referencia a la entrega del móvil por parte del policía Iván Bandera. En esta línea, ha interpretado que dicho consentimiento estaba "viciado", porque no fue informado del volcado de todo el material que se le intervino.
Es decir, el policía dio su consentimiento para que se pudiera ver el contenido de su teléfono pero no el material eliminado, "y el único chat que importa en esta causa había sido previamente borrado". Por tanto, el consentimiento estaba "viciado" y "los policías no estaban autorizados a aplicar este tipo de técnicas", ha insistido.
En esta línea, ha reclamado la nulidad de los hallazgos casuales intervenidos en el móvil de Bandera a raíz de archivos previamente eliminados, la nulidad de los hallazgos casuales por falta de habilitación judicial y la nulidad del derecho a un juez imparcial. Asimismo, se adhiere a la falta de legitimidad de las acusaciones particulares argumentada por los abogados que le han precedido.
EL MÓVIL DE BLANCA RUIZ ESTUVO SIN PRECINTAR 8 HORAS
El siguiente en intervenir ha sido el abogado de la subinspectora del Grupo de Blanqueo Blanca Ruiz, Juan Ignacio Fuster, quien se ha sumado a la reclamación de nulidad del procedimiento.
Durante su discurso, ha indicado que la entrega "entrecomillas voluntaria" del móvil por parte de su representada se produjo en el momento de su detención, en Madrid. Sin embargo, no fue hasta su llegada a Palma, "ocho horas después", cuando se procedió al sellado y precintado del teléfono.
"La fiabilidad de las pruebas es inválida", ha justificado el letrado, insistiendo también en la ruptura de la cadena de custodia. De igual modo, se ha adherido a la ilegitimidad de las acusaciones particulares.
LOS INVESTIGADORES "NO TENÍAN SOSPECHA" SOBRE IVÁN BANDERA
El abogado del policía Iván Bandera también ha defendido la absolución de su representado por la "evidente conexión de antijuricidad" que existe entre las medidas de investigación con la obtención de las evidencias que sustentan la causa.
Así, ha argumentado que antes del rastreo y acceso al listado de llamadas de los teléfonos de los periodistas del caso Móviles, prueba declarada nula con posterioridad, "el número de sospechosos era inabarcable" y "resulta evidente que no puede desprenderse que los investigadores tenían sospecha sobre Bandera" en cuanto a las presuntas filtraciones.
También ha contemplado que hubo una "intimidación ambiental" cuando Bandera entregó su teléfono móvil, una vez detenido, que implica "que no puede considerarse libre el consentimiento".
Para concluir, ha considerado que se ha pretendido marchar 'ex post' una investigación "llena de errores desde su inicio", ya que toda la investigación se sustenta en el listado de teléfonos de los periodistas.
