La delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, ha negado este martes que se hayan producido fallos en el seguimiento de la víctima del crimen de sa Pobla, que había vuelto a convivir con el presunto asesino a pesar de las dos denuncias por malos tratos en 2012 y 2018 y tras haber constatado ella misma el regreso a una "cierta normalidad" en la relación.
En declaraciones a los medios antes de la presentación de una aplicación de la Tesorería de la Seguridad Social, Calvo, sin embargo, ha asegurado que "no existen indicios" de que se hayan producido errores en el sistema de protección y seguimiento de los casos de violencia de género Viogen porque fue la propia denunciante la que salió del programa argumentando que no existían síntomas o riesgo de amenazas.
Sin embargo, según ha apuntado Calvo, la mujer ya había denunciado a su pareja en dos ocasiones, en 2012 y 2018. Tras la primera denuncia, el cese de las amenazas y la "desaparición" del agresor se levantó la orden de alejamiento, mientras que tras la segunda denuncia, la víctima volvió a entrar en el programa Viogen.
A pesar de esto, según ha argumentado la representante del Ejecutivo central en las Islas el protocolo siguió los cauces previstos después de que fuera la propia mujer quien manifestara el regreso a una "supuesta normalidad" en la relación y el regreso a la convivencia en 2019.
Calvo ha explicado que en estos casos se mantiene una "contravigilancia" a pesar de haber salido del programa de seguimiento pero ha insistido en que por el momento no se ha detectado ningún fallo en el protocolo, que se ha desarrollado dentro de los parámetros establecidos.
La delegada del Gobierno ha trasladado la condena y la repulsa por unos hechos que producen una "profunda tristeza" y que, a pesar del sentimiento de "impotencia", la sociedad no desfallecerá.
Según han señalado desde la Delegación del Gobierno, se están recabando datos sobre el presunto asesino, que tras entregarse no declaró ante los agentes y se está a la espera de que pase a disposición judicial. De confirmarse las circunstancias del caso, se trataría del décimo asesinato por violencia de género y la segunda víctima mortal menor de edad por violencia de género en 2021 en España.
