Far, quien ha evitado hablar de su salario y ha asegurado que hay otros sueldos que superan al de la presidenta del Govern, Francina Armengol o los consellers, ha explicado que el presupuesto para este primer año es de 500.000 euros.
En declaraciones a los medios, ha indicado que su nueva sede dependerá del personal de la Oficina, si bien ha avanzado que "estaría bien" que estuviese conformada por al menos 15 personas. "Ahora estoy yo solo, hay que montar la estructura orgánica y establecer la estructura de personal", ha añadido.
Asimismo, el nuevo director ha comentado que las primeras reuniones que mantendrá será con la Fiscalía y con la Sindicatura de Cuentas para explicarles las actuaciones que se llevarán a cabo desde la Oficina Anticorrupción.
En este sentido, ha asegurado que se convertirá en la principal fuente de denuncias por prácticas corruptas acometidas por la adminsitración autonómica, consells insulars, ayuntamientos, universidad y sector público instrumental.
Además, deberá dar cuenta y explicaciones del trabajo que vaya desarrollando a la Mesa y a la Comisión parlamentaria, que ejercerá un control para velar que cumple con su cometido.
En cuanto a sus primeras actuaciones, Far ha adelantado que no se dedicará a investigar el caso Contratos de MÉS puesto que ya está en manos de la Fiscalía, por lo que "por imperativo legal" la Oficina debe dejar de actuar.
Igualmente, ha añadido que no investigarán asuntos propios de los partidos políticos "salvo que lleven contratación irregular" y ha asegurado no tener todavía una opinión sobre la financiación irregular de la campaña electoral del PP en 2007.
El director de la Oficina ha manifestado que sí que se aceptarán denuncias anónimas, que en primer lugar serán analizadas para ver su grado de fiabilidad y que si se da el caso, serán el punto de partida para iniciar una investigación.
Durante su discurso de toma de posesión, Far ha criticado que la corrupción tiene efectos económicos perjudiciales como la redistribución injusta de la renta y riqueza de un país, la ineficiencia en el uso de los recursos y la justificación del fraude fiscal.
Sobre el trabajo de la Oficina, Far ha explicado que dispondrá de procedimientos exclusivos de selección de actuaciones presuntamente fraudulentas mediante la elaboración de riesgos y las investigará a través de técnicas de auditoria forense.
"Su cometido no es analizar si los fondos públicos se han gastado de manera eficiente y con los requisitos formales que marcan las leyes de presupuestos y contratación, sino ir un paso más allá, detectar fraude o engaño en el uso de fondos públicos y, en su caso, denunciar ante Fiscalía", ha dicho.
