El Govern autorizará a los dueños de los hoteles de Baleares a ampliar sus instalaciones hasta en un 15 % para adaptarse a los cambios derivados de la crisis del coronavirus y modernizar su oferta, siempre que no aumenten plazas ni eleven su altura.
Esta medida, que se extiende también a establecimientos de restauración y ocio, estará vigente durante lo que resta de este año y todo 2021, según recoge un decreto ley aprobado este miércoles por el ejecutivo balear con medidas extraordinarias para estimular la recuperación económica.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido la relajación de las restricciones urbanísticas, de impacto ambiental y de supervisión administrativa porque contribuirá a mantener 31.000 puestos de trabajo sin mayor consumo de territorio, ya que el decreto afecta solo a edificios existentes en suelo urbanizado.
Armengol ha puesto el énfasis en que la posibilidad de ampliar los negocios turísticos, no solo los hoteles, responde a la necesidad de adaptar los establecimientos a la necesidad de distanciamiento interpersonal para prevenir el contagio del coronavirus y en que, además, está condicionada a la mejora en materia de eficiencia energética.
Asimismo, el decreto permite que hoteles obsoletos en zonas turísticas maduras, como son la playa de Palma y Calvià, se transformen en viviendas de protección oficial, instalaciones sociosanitarias o centros de investigación e innovación siempre que lo autorice el ayuntamiento respectivo, lo que supondría eliminar plazas turísticas.
El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, ha incidido en que las medidas de incentivación del sector de la construcción se basan en la mejora de edificaciones existentes, no en el crecimiento urbanístico.
Para estimular la actividad de las empresas de construcción se permitirá la ejecución de obras de reforma y de mejora de la eficiencia energértica sin licencia previa, sino a partir de una declaración responsable del promotor, y se levantará la suspensión de las actividades constructivas en verano, siempre que los ayuntamientos estén de acuerdo.
Respecto a la creación de viviendas de protección oficial, centros sociosanitarios y oficinas tecnológicas en zonas turísticas maduras, ha precisado que, además de usar hoteles obsoletos, podrían ubicarse en otros inmuebles en desuso.
El decreto, ha indicado Yllanes, prohíbe la concesión de nuevas licencias de alquiler turístico de viviendas unifamiliares en Palma hasta el 1 de enero de 2022.
La norma, sobre la que Armengol ha insistido en que está pactada con los agentes sociales e incluye aportaciones de consells y ayuntamientos, contempla también una batería de medidas para fomentar los proyectos de energías renovables, un sector que, como la construcción, el Govern quiere emplear de palanca para la reactivación de la economía.
Asimismo, se establecen nuevas regulaciones para facilitar el desarrollo de los proyectos de transporte público y de mejora del aprovechamiento de los recursos hídricos.
Yllanes ha expuesto también que le entrada en vigor de la prohibición de productos de plástico de un solo uso, prevista según la ley autonómica para el 1 de enero del año próximo, se retrasa tanto como se prolongue el estado de alarma.
El amplio decreto ley establece modificaciones en el ámbito fiscal como la supresión de los pagos a cuenta de la ecotasa y de los cánones de los juegos de azar, reduce a la mitad las tasas portuarias y destina a gasto sanitario ante la crisis del COVID-19 recursos del impuesto a los turistas aún no asignados.
