La Fiscalía ha mantenido su solicitud de pena de cinco años de cárcel al exconseller de Interior, José María Rodríguez (PP), por el juicio del 'caso Over' que investiga el presunto uso de fondos públicos para beneficiar a Over Marketing, empresa propiedad de Daniel Mercado, que se encargó de la campaña electoral del PP de Baleares en el 2003.
En la exposición de sus conclusiones definitivas acerca de este juicio, el Ministerio Fiscal, además, ha introducido el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios para la exjefa de prensa de la Conselleria de Salud, María Luisa Durán, por el que le pide una pena de multa y el abono de 23.900 euros. Inicialmente, Durán estaba investigada solo por un delito de prevaricación. Por este delito se le pide dos meses de cárcel e inhabilitación.
A Rodríguez, a pesar de que se le mantiene la solicitud de pena de cárcel y de inhabilitación para empleo o cargo público, la Fiscalía le ha retirado la acusación derivada de un contrato en Función Pública --indica que no hay una prueba clara de que no se hiciera nada-- pero mantiene que hubo malversación y prevaricación en relación a un contrato para realizar la imagen de la Policía Turística.
Según ha explicado el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, existe una "duda razonable" respecto al contrato de la publicidad de oferta pública de empleo en la Función Pública por lo que considera que se debe optar por "la presunción de inocencia". A pesar de esto, también ha dicho de que no hay "una prueba clara" de que este trabajo "lo hiciera Over".
El expresidente del Govern, Jaume Matas, que también estaba investigado en el caso, llegó a un pacto con la Fiscalía por el que admitió haber cometido delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos y prevaricación. A este pacto también se adhirió Mercado, que también estaba investigado.
En concreto, Matas admitió estos delitos y abonó su parte de la responsabilidad civil, de cerca de 10.000 euros. La pena de cárcel se vio rebajada a dos años y medio de prisión y fue sustituida por una multa de 18.000 euros.
Este procedimiento es la pieza separada número 27 del 'caso Palma Arena' y engloba las tres subpiezas en las que a su vez se dividió esta pieza. Comenzó el 1 de octubre de 2018 pero su marcha tuvo que aplazarse hasta febrero de este año debido a la enfermedad de una de las magistradas.
DECLARACIONES DE ESTE JUEVES
Este jueves, antes de presentar las conclusiones definitivas, se ha producido la declaración de varios testigos. Uno de ellos, un auxiliar administrativo de la Conselleria del Interior ha asegurado, tras ser preguntado por si era habitual que se cambiara la fecha de las facturas, que esto "era el último recurso". Además, ha dicho que rechazó una factura de Over Marketing porque esta no estaba firmada por ningún superior.
Otra testigo, la exsecretaria general de la Conselleria de Salud y Consumo, ha sido preguntada por cómo considera que en un negociado sin publicidad, las tres empresas que la Administración estaba obligada a presentar al mismo fueran del mismo grupo (Over Marketing). Sobre esto, ha dicho que no se había fijado ya que ella se encargaba del análisis formal de los contratos pero que "visto así" le "choca".
En concreto, la Fiscalía le ha preguntado por dos campañas de Salud, una sobre mujer y tabaquismo y otra por hábitos saludables que fueron encargadas a las empresas de Mercado. Ambas se cobraron por el mismo importe, 29.987 euros.
