La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para este lunes a la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y a dos ex altos cargos de aquel Ejecutivo regional, que pagó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión -la empresa de la 'trama Koldo'- por sus mascarillas.
Esta será la tercera sesión de comparecencias que acoge la comisión. Tras una primera jornada en la que se interrogó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y al exministro de Sanidad, Salvador Illa, la comisión cambió el foco hacia la presunta trama que vendió material sanitario a la Diputación de Almería, gobernada por el PP.
En su segunda sesión la comisión recibió a un excargo del PP detenido en 2021 por ese caso y al actual vicepresidente segundo de la Diputación, y número dos del partido en esa provincia, Fernando Giménez Giménez. Aunque quedan varios comparecientes por escuchar relacionados con aquella trama que aún no ha sido juzgada, la comisión ha preferido dedicar su tercera sesión a la vertiente balear del 'caso Koldo'.
Así, las comparecencias del lunes arrancarán a las once y media de la mañana con Manuel Palomino, que fue director de Presupuesos del Servicio de Salud de las islas (IB-Salut) durante la pandemia. A las tres de la tarde será el turno del actual portavoz del PSOE en el Parlament balear, Iago Negueruela, que fue conseller en el Govern de Armengol entre 2015 y 2023; y, a partir de las seis de la tarde, llegará el turno de la ahora presidenta del Congreso.
Su gobierno adjudicó un contrato de emergencia a Soluciones de Gestión, la empresa que recomendaba Koldo García Izaguirre, que, a la sazón, era asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos. En abril de 2020 el gobierno autonómico pagó a esa empresa 3,7 millones de euros por la compra de mascarillas.
En una comparecencia pública el pasado mes de marzo, Armengol negó haber recibido "órdenes" o "presiones" de la trama Koldo para adquirir material o reclamar la devolución de parte del mismo, aunque no aclaró quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar con Soluciones de Gestión.
Todo iba a los técnicos
Armengol siempre ha mantenido que todas las ofertas que les llegaban para la venta de material durante la pandemia se pasaban a los técnicos del Servicio Balear de Salud, que eran quienes revisaban precios y materiales y decidía si contrataban o no.
Desde el anterior gobierno balear han explicado que desde el principio este contrato de emergencia buscaba la adquisición de mascarillas de uso domiciliario y para tener stock, no para uso inmediato en centros sanitarios.
En junio de 2020 se dieron cuenta de que el material adquirido no respondía a las cualidades técnicas que habían pedido, pero en agosto el IB Salut emitió un certificado a la empresa señalando que no había habido ninguna incidencia con el contrato. El equipo de Armengol en Baleares aseguran que aquello fue solo una especie de acuse de recibo que se daba por defecto, que sólo se refería a que la transacción se había realizado, pero que no impedía reclamar después.
Las mascarillas no llegaron a usarse, quedaron almacenadas porque fueron adquiriendo otras mejores a cuyo uso daban prioridad. Tampoco se destruyeron porque lo desaconsejaba el gobierno central y porque les venía bien como stock para, meses después, acogerse a las fases de desescalada.
Reclamaciones del Govern anterior y el actual
Pero con el tiempo empezaron a revisar los contratos firmados y en julio de 2022 el IB Salut ya pensaba en reclamar, en febrero de 2023 se analizó en una reunión de su dirección y al mes siguiente se comunicó a la empresa, que expresó su disconformidad. Su reclamación buscaba la devolución de 2,6 millones, la diferencia de coste entre la clase de mascarillas que habían pedido y lo que les llegó.
Esa reclamación se formaliza en julio de 2023, años después de la compra pero sin agotar el plazo de prescripción que está fijado en cuatro años. Fue con el Govern socialista ya en funciones, pero se comunicó al nuevo Gobierno del PP en el traspaso de poderes.
Los socialistas sostienen que ese expediente de reclamación debía haberse resuelto en seis meses y creen que al final decayó por inacción del Ejecutivo de la 'popular' Marga Prohens. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apunta en un auto que Koldo habría influido en que finalmente el actual gobierno autonómico desistiera de esa reclamación, pero desde el IB Salut lo niegan.
El Gobierno de Prohens se agarró a aquel certificado remitido a la empresa en agosto de 2020 para desistir del expediente de reclamación iniciado por el Ejecutivo anterior, alegando que dificultaba que les dieran la razón y optó por iniciar una nueva reclamación, esta vez por el importe total del contrato, los 3,7 millones de euros.
Cuando acaben las comparecencias, la comisión se reunirá a puerta cerrada para tomar una decisión sobre el informe de los letrados que aconseja retirar parte de las peticiones de documentación que se aprobaron hace semana, incluyendo la información que solicitó el PSOE relativa al entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, tanto su pareja como sus familiares directos.
