El Gobierno rechaza tramitar en el Congreso una ley balear que pedía más ayudas al transporte entre Islas

La Mesa del Congreso, con los votos del PP y de Ciudadanos, ha asumido el veto del Gobierno a la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa del Parlament balear que, entre otras medidas, contempla un aumento de las subvenciones al transporte entre las islas, lo que según el Ejecutivo supondría un incremento del gasto presupuestario.

Con ésta ya son 22 las iniciativas que el Gobierno ha exigido paralizar en el Parlamento en lo que va de legislatura. Sólo dos de ellas, las referidas a la paralización de la LOMCE y a la equiparación de condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, han sido esquivado el veto en la Mesa del Congreso y están recurridas por el Ejecutivo en el Tribunal Constitucional.

Esta nueva iniciativa es una proposición de ley de modificación del régimen especial de las Islas Baleares que fue aprobada por el Parlamento autonómico y que llegó al Congreso a finales del pasado año. De acuerdo con la Constitución, el Gobierno debe dar su conformidad antes de iniciar su tramitación, ya que puede vetar aquellas iniciativas que considera que alteran los presupuestos en curso, sea por aumento de gasto o por merma de ingresos.

Uno de los puntos de la proposición de ley se refiere a los precios del transporte marítimo y aéreo interinsular de viajeros, pidiendo mayores bonificaciones.

En el caso de los billetes de avión, se habla de aplicar una tarifa máxima universal de 30 euros, incluidas las tasas, que se aplicará a todos los usuarios de cada una de las rutas establecidas, con independencia de su lugar de residencia.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el Gobierno explica que eso "implicaría necesariamente el cierre del mercado del trafico aéreo regular a una única compañía, con todas las limitaciones que ello supondría", y a la que además habría que compensar por el déficit de operación.

En cuanto al efecto presupuestario para la Administración, "las estimaciones sitúan el coste de la implantación de la tarifa única de 30 euros en torno a los 30-40 millones de euros anuales". "Considerando que las subvenciones por residencia a los vuelos interinsulares de Baleares suponen unos 17 millones de euros en cada ejercicio, la implantación de la tarifa plana en sustitución de la bonificaciones por residencia supondría duplicar el presupuesto necesario para el transporte aéreo interinsular en Illes Balears", añade.

Y DESPUÉS CANARIAS

Además, el Gobierno avisa de que implantar la tarifa plana aérea entre islas sería reclamada después en Canarias, lo que ya supondría, "en una primera aproximación, quintuplicar ese esfuerzo presupuestario".

En relación con el transporte marítimo, la proposición de Ley propone cargar a los Presupuestos Generales del Estado la bonificación del 50% que se aplica a los billetes de barco entre islas, que hasta ahora se comparte a partes iguales con el Gobierno autonómico.

"Si entendemos que la propuesta presentada propone que el coste total de esta bonificación recayera en el Estado, dejando las Comunidades Autónomas de sufragar la parte de la bonificación que atienden actualmente, el Estado vería duplicadas las cantidades que hoy dedica a este concepto, estimándose un sobrecoste para los presupuestos generales del Estado que ascendería unos 6 millones de euros correspondientes a viajes interinsulares en Baleares y 27,5 millones de euros correspondientes a los viajes interinsulares en Canarias", avisa.

Y si, por el contrario, "se entiende que la propuesta consiste en incrementar la bonificación al viajero residente, manteniendo las Comunidades Autónomas su bonificación del 25% actual y duplicando la del Estado hasta el 50%, el coste sería aún mayor, en tanto sería previsible un aumento de la demanda al estar el billete final bonificado en un 75%".

En todo caso, la conclusión del Gobierno es que "la aprobación de esta Proposición de Ley generaría un aumento de los créditos presupuestarios", por lo que no da su conformidad a que sea tramitada en las Cortes Generales. La Mesa del Congreso, por mayoría, ha asumido esta paralización.