El Govern ha abierto un total de 12 expedientes sancionadores por un valor de 270.000 euros a grandes tenedores de viviendas en los tres primeros meses de aplicación de la Ley de Vivienda de Baleares, que incluye la cesión obligatoria temporal de viviendas vacías de los estos grandes propietarios para destinarlos a alquiler social.
En rueda de prensa, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha detallado que estos 12 expedientes están derivados precisamente por infracciones relacionadas con estos grandes tenedores --entidades financieras, fondos de inversión y fondos buitre--.
En concreto, seis de los expedientes se han abierto porque las entidades no han inscrito sus propiedades en el registro para su cesión obligatoria (180.000 euros); cuatro porque las entidades no han colaborado con el Govern y no han facilitado que se pueda comprobar el estado de las viviendas (60.000 euros). Dos sanciones más se han impuesto porque dos entidades no han pagado los gastos de la comunidad (30.000 euros).
Pons ha precisado también que en estos tres meses de actividad se han registrado 1.039 viviendas vacías y, por otra parte, se han detectado más de 5.700 viviendas no inscritas que deberían estar. De estas últimas, 486 ya han sido inspeccionadas y de estas, el 30% --146-- estaban vacías y no se inscribieron.
Según ha dicho, con estas cifras se puede llegar a "una primera conclusión", que es que "no se han inscrito todas las viviendas vacías por parte de los grandes poseedores".
Asimismo, ha dicho que esta normativa "no tiene precedentes a nivel del Estado español". "No hay ninguna comunidad que haya avanzado tanto en materia de vivienda", ha dicho.
Cabe recordar que el Gobierno central formalizó a principios de mes con el de Baleares el acuerdo por el que se avalaba la Ley de Vivienda autonómica, incluyendo la cesión obligatoria temporal.
Este acuerdo supuso que la norma balear se modificara en parte, sobre todo en lo que producía a discrepancias competenciales, y que se evitara la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Ejecutivo.
El acuerdo con el Ejecutivo central reafirmó la cesión obligatoria de los grandes tenedores, incluyendo algunas modificaciones técnicas como la compesación económica a los propietarios por la cesión.
Respecto a la petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma que ha solicitado que se destinen 100 millones de euros para construir 1.000 viviendas de alquiler, Pons ha dicho que la acción del Goven "va en sintonía" con esta propuesta.
