El Govern balear ha aprobado este viernes un decreto ley para adaptar la renta social garantizada, prestación autonómica en vigor desde 2016, al nuevo ingreso mínimo vital recién aprobado por el ejecutivo central para ayudar a personas y familias sin ingresos.
La consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, ha explicado en rueda de prensa que la renta social garantizada será subsidiaria del ingreso mínimo vital, que cubre básicamente las mismas necesidades, pero se mantendrá y equiparará en condiciones para atender, principalmente, casos de pobreza sobrevenida. Ha detallado que como el ingreso vital evalúa los ingresos del solicitante en el año previo, pueden darse casos de trabajadores sin ahorros que se queden sin empleo y, como sí lo tuvieron en los doce meses previos, no tengan acceso a la ayuda estatal aunque carezcan de recursos, por lo que podrán optar a la prestación autonómica.
La consellera ha indicado que las condiciones para el acceso a la renta garantizada se equiparan a las del ingreso mínimo estatal reduciendo a 23 años la edad de acceso y a 1 año el tiempo mínimo de residencia en Baleares.
Asimismo, el Govern modificará las cuantías para igualarlas a las de la prestación ratificada esta semana por el Congreso. Santiago ha explicado que esta equiparación es más significativa en el caso de las ayudas para núcleos familiares con niños, primados en la regulación del ingreso mínimo para reforzar la protección a la infancia.
La aportación por persona adulta será de 461 euros al mes, 2 más que en la actualidad, mientras que un hogar monoparental con dos menores pasará de percibir 734 a 978 euros. Un núcleo familiar de dos adultos y dos menores aumentará de 734 a 876 la ayuda mensual que percibirá con la renta garantizada, la misma que si fuera beneficiario del ingreso mínimo.
Santiago ha incidido en que los deberes de los perceptores de las dos prestaciones serán similares, es decir, tendrán que estar inscritos como demandantes de empleo, activos en planes de formación y comprometerse a informar cuando mejoren sus condiciones económicas.
El decreto establece un complemento de renta social "para adecuar las pensiones no contributivas al nivel de vida" del archipiélago. Este complemento se ajusta al máximo legal del 24,9 % de la pensión equivale como máximo a 115 euros al mes.
Además de la renta social, la norma aprobada en el Consell de Govern contempla la equiparación a los 461 euros del ingreso mínimo vital de la renta de emancipación para jóvenes extutelados, que hasta ahora ascendía a 430 euros.
También determina que las ayudas de urgencia que los ayuntamientos ofrecen en ocasiones a familias vulnerables para cubrir necesidades de alimentación o vivienda sea considerada una prestación y no una subvención, por lo quedará justificada con un informe de los servicios sociales.
Se regula asimismo la desaparición de la renta mínima de inserción, que se mantendrá hasta el 31 de diciembre, ya que se considera que las necesidades que cubre quedan enmarcadas en las nuevas prestaciones.
Respecto a la posibilidad de que el Govern asuma la gestión del ingreso mínimo vital, Santiago ha defendido que sería "apresurado" hacerlo antes de comprobar su cuantía durante el periodo que necesite para consolidarse.EFE