El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al Govern a pagar 96 millones de euros al empresario alemán afincado en Mallorca Matthias Kühn por la desclasificación del carácter urbano de unos terrenos en la zona de Muleta del Puerto de Sóller. La sala tercera del alto tribunal estatal ha avalado la sentencia dictada en enero de 2022 por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en favor del promotor inmobiliario al considerar que la actuación del ejecutivo autonómico vulneró sus derechos al impedirle por ley construir en las tierras de su propiedad.
La representación legal de Kühn ha difundido la resolución en la que el Supremo rechaza el recurso de casación de la Comunidad Autónoma junto a un comunicado en el que detalla que la condena establece el pago con dinero público de 63,5 millones de euros más los intereses devengados desde mayo de 2009, fecha de la primera reclamación a raíz de la inclusión de Muleta en una ley de protección de espacios naturales durante el segundo Govern de izquierdas. Esos intereses ascienden a 32,5 millones de euros, por lo que la cantidad total que deberá abonar el Govern como indemnización es de 96 millones de euros.
"La sentencia repasa la larguísima tramitación judicial de este conflicto, que se inicia en 2010 y finaliza ahora 14 años después", recuerda la defensa del empresario alemán, que resalta que ya en 2013 un tribunal sentenció en favor del carácter urbano de los terrenos, que volvieron a protegerse por otra ley autonómica en 2017, en la tercer legislatura de Govern de izquierdas. Como esa norma imposibilitó que los terrenos de Muleta se incorporasen al Plan General de Ordenación Urbanística de Sóller, Kühn reclamó una indemnización que es la que acaba de fijar el Tribunal Supremo.
"La sentencia dictada funda su razonamiento en esta imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al PGOU de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el auto transaccional de 23 de julio de 2013", detallan los abogados.
