El Govern comunica a Escribá el inicio de un expediente por la venta del Minerval, con una posible sanción millonaria
Escribá ya ha presentado un recurso contra el inicio del expediente, y si el procedimiento continúa adelante será necesario practicar diversas pruebas.
La Conselleria de Salud ha comunicado al catedrático de la Universitat de les Illes Balears (UIB) Pablo Vicente Escribá el acuerdo por el que da inicio a un expediente administrativo que contempla una posible sanción máxima de un millón de euros por presuntamente comercializar la sustancia conocida como Minerval como medicamento sin las autorizaciones obligatorias.
Según fuentes de la defensa del catedrático consultadas por Europa Press, este paso no implica la imposición de la multa sino el inicio de un camino administrativo que podría prolongarse durante varios años. Escribá ya ha presentado un recurso contra el inicio del expediente, y si el procedimiento continúa adelante será necesario practicar diversas pruebas.
Así, estas fuentes han aclarado que en el acuerdo por el que se inicia el expediente, el Govern sí avanza que los hechos podrían ser constitutivos de una infracción muy grave sancionada con hasta un millón de euros.
ARCHIVO DEL PROCESO PENAL
La Conselleria inició este proceso después de que se archivara definitivamente la causa penal contra Escribá. También estuvo investigado otro catedrático de la UIB.
El caso lo llevó el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, el juez Enrique Morell, quien consideró que no quedaba debidamente justificada la perpetración del delito de estafa denunciado.
Entonces, el juez decidió remitir testimonio a la Conselleria de Salud por si existían motivos para incoar un expediente administrativo sancionador por las actividades comerciales realizadas con el producto 'Minerval' (ácido 2-hidroxioleico) desde 2004.
Escribá había sido denunciado por el suministro a seres humanos de este producto, que según la Agencia Española de Medicamentos, está considerado un medicamento "huérfano" no autorizado para su comercialización. Su utilización debía limitarse a ensayos clínicos.
Como consecuencia del proceso penal, Escribá fue suspendido cautelarmente como profesor por la UIB, pero actualmente ya ejerce sus funciones habituales.