El Govern ha explicado este jueves que continúa con la tramitación del impuesto de turismo sostenible -este viernes se aprueba el proyecto de ley en Consell de Govern, la Ley estaría aprobada en marzo y entre mayo y junio estaría aprobado el reglamento que la desarrolla- a pesar de la oposición que ha manifestado el sector hotelero que ha planteado ya acudir a la vía judicial "cuando sea viable".
Así lo ha anunciado la consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, tras reunirse con los sectores afectados por este nuevo impuesto para tratar las alegaciones a la normativa que se han aprobado y las que no se han aprobado.
Entre estas, Cladera ha destacado que se ha aceptado que los menores de 16 años no paguen la tasa, se ha establecido que la temporada alta vaya del 1 de mayo al 31 de octubre y que a partir del noveno día de estancia se dé una bonificación del 50% de la cuota.
Según ha dicho, tras el Consell de Govern de este viernes, "se publicará la memoria donde se explicará detalladamente cada una de las motivaciones" realizadas por el Ejecutivo.
Así, ha señalado que durante "el periodo de enmiendas escucharán a los diferentes agentes" y según ha avanzado también "se les ha invitado a participar en la elaboración del reglamento".
De esta manera, ha hecho hincapié en que "es una medida importante ya que permite la redistribución de la riqueza del sector turístico y que ésta "se invierta en turismo, medioambiente y territorio" y, además, "revierta en toda a sociedad tal como prevé el fondo finalista".
FEHM: "ACUDIREMOS A LA VÍA JURÍDICA"
Por su parte, la presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca (FEHM), Inmaculada de Benito, ha anunciado, tras la reunión que mantienen su "oposición" a la implantación del mismo y ha anunciado que "cuando llegue el momento acudirán a la vía jurídica".
De Benito ha precisado que hasta que no se conozca el "texto definitivo" no "sabrán por dónde trabajar" pero ha explicado que "desde antes de las elecciones sus servicios jurídicos ya están mirando que opciones hay y, según ha dicho, "si es viable llevar a cabo recursos de inconstitucionalidad o impugnaciones, desde luego los agotaremos".
Según ha dicho, "la ley nace sin claridad ni planificación, es tremendamente discriminatoria y es contraria a todas las políticas que se deberían desarrollar, ya que no se tendría que gravar más a una industria que ya aporta 2.500 millones de euros".
LOS HOTELEROS SÍ ACEPTARÍAN QUE SE APLICASE HASTA 2018
De Benito ha expresado que ellos aceptarían que el impuesto tuviera vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 -entrando en vigor en 2017- ya que así se ligaría "a la mejora de la financiación".
Por su parte, el presidente de los Apartamentos Turísticos (Aptur) en Baleares, Juan Estarellas, ha manifestado que el impuesto turístico "es bueno para todos" y ha comentado que "todas las ciudades grandes lo tienen". "Si no se puede tener dinero del Estado se debe conseguir dinero de otra manera", ha agregado.
Aun así, ha lamentado que "no haya regulación ni para apartamentos ni para las viviendas reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos y por el Código Civil".
"Sabemos que todas las que estén al amparo de la ley turística deberán recaudar el impuesto turístico, ¿pero qué pasa con las demás?, ha planteado.
Según ha dicho, "todas las que no estén dadas de alta podrán ser sancionadas por ejercer la actividad ilegal, deberán pagar el impuesto turístico y otra sanción por no pagar el impuesto cuando tocaba". "Esto genera una indefensión jurídica desde el principio", ha agregado.
