El Govern ha iniciado expedientes con propuesta de sanción por un valor acumulado de 717.286 euros a grandes propietarios de viviendas, por incumplimientos relacionados con las obligaciones que les impone la normativa balear dentro de las medidas para hacer aflorar inmuebles al mercado y combatir la especulación.
De estos expedientes, 15 están ya cerrados y cobrados, por un importe de casi 220.000 euros, ligados a la cesión obligatoria de viviendas a la administración.
Además hay otros 47 expedientes abiertos por este mismo motivo, por más de 315.000 euros, y una propuesta de sanción de 180.000 euros por no comunicar la venta de un lote de seis viviendas para que el Govern pudiera ejercer el derecho de tanteo y retracto.
Otros 24 expedientes relacionados con la cesión de viviendas se han archivado tras comprobar que no había incumplimientos.
Compra de los ocho primeros pisos de grandes propietarios
Precisamente, el Govern ha comprado este mes de enero los ocho primeros pisos de grandes propietarios ejerciendo el derecho de tanteo y retracto que se introdujo en la normativa autonómica el año pasado, según ha informado este martes el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons.
Se trata de pisos vinculados a sociedades del Banco Sabadell, adquiridos dentro de una operación que afectaba a 42 viviendas. Los grandes propietarios deben comunicar al Govern las operaciones en curso de transmisiones hacia otros grandes propietarios, así como el acuerdo alcanzado respecto al precio. Entonces, el Govern tiene dos meses para decidir si quiere ejercer el derecho prioritario de compra a ese mismo precio.
En esta operación en particular, tras una serie de comprobaciones, el Govern escogió estas ocho viviendas para incorporarlas al parque público de vivienda de Baleares. Se trata de seis pisos en Palma, uno en Manacor y otro en Menorca, y tienen entre dos y cuatro dormitorios.
El coste total de la operación para el Govern ha sido de 900.609 euros, por lo que el precio medio por vivienda se situaría en unos 112.576 euros, por debajo del precio de mercado, según ha destacado el conseller, resaltando que se trata de inmuebles en buen estado. Estos pisos pasarán a la lista del Instituto Balear de la Vivienda (Vivienda) para alquiler como vivienda protegida.
Una veintena de operaciones no se han comunicado
Por otro lado, el Ejecutivo ha tenido conocimiento de que se han producido 19 operaciones de compraventa de lotes de vivienda libre, supuestamente entre grandes tenedores, que no se han notificado. Esto puede dar lugar a multas por una infracción muy grave -entre 30.000 y 90.000 euros de sanción por cada vivienda-.
Además de la propuesta de sanción de 180.000 euros sobre un gran propietario, se están estudiando el resto para comprobar si se han cometido irregularidades.
El conseller ha confirmado que han encontrado dificultades por la resistencia de algunos propietarios -en la mayoría de casos, fondos de inversión- a colaborar con la administración, frecuentemente por no comunicar datos obligatorios, pero también por dificultar las visitas a los pisos o tener "infraviviendas" con usos inadecuados.
Paralelamente, el Govern ha comprado desde 2015 un total de 25 viviendas protegidas privadas por tanteo y retracto. Este 2021 se han presupuestado 7,5 millones de euros para la compra de viviendas por este sistema, unos fondos que se estima permitirán adquirir unas 70 viviendas.
Cesión de pisos vacíos
Otra vía instaurada por el Ejecutivo balear para aumentar el parque de vivienda fue la inscripción obligatoria de pisos vacíos sin uso en un registro a disposición del Govern. De este modo, el Govern puede reclamar la cesión de estas viviendas durante siete años para darles uso, a cambio del pago de una cantidad que se puede acordar entre las partes o que fijaría un jurado, en caso de no alcanzarse acuerdos.
En un primer momento, en diciembre de 2018, se inscribieron en este registro 718 viviendas, que se fueron incrementando hasta alcanzar las 1.425 en noviembre de 2019. Sin embargo, desde entonces la cifra ha ido bajando y ahora son 764 viviendas inscritas, propiedad de 50 grandes propietarios.
De ellas, se iniciarán 60 expedientes de expropiación de uso, que se formalizarán una vez acabadas las visitas e inspecciones -se calcula que será dentro del mes de febrero-. La Conselleria cuenta con una reserva presupuestaria de 2,5 millones para garantizar el pago de cesiones durante los siete años establecidos en la normativa.
Unas 700 viviendas han salido del registro de vivienda vacía
El Govern hace una lectura en positivo de la evolución del registro de pisos vacíos. Según la Conselleria, la mayoría de las 700 viviendas que han salido lo han hecho porque se les ha dado uso dentro del mercado minorista, ya sea por venta o alquiler.
En este sentido, el conseller ha apuntado que es "importantísimo" que estos pisos "afloren" y se pongan a la venta, en lugar de quedarse sin uso para "especular con ellos".
