El nuevo Govern del Partido Popular ha anulado la operación de adquisición de 88 viviendas en Palma, aprobada por el anterior ejecutivo autonómico del Pacte justo antes de las elecciones autonómicas, que iba a destinar a vivienda pública. Esta operación de compraventa marcaba un precio de alrededor de 29 millones de euros, incluidos los 4 millones de IVA. Además, el Govern ha anunciado este jueves que trasladará a la Fiscalía el expediente de la operación para que valore si hay indicios de delito. Así lo han expresado este jueves el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, y la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal.
Ambos han defendido que existen hasta tres informes desfavorables elaborados por el propio IBAVI. Asimismo, la consellera de Vivienda ha explicado que "los apartamentos habrían costado un 40% más que el máximo tasado para las viviendas VPO, lo que hubiera provocado un déficit para las arcas públicas de más de 10,6 millones de euros". Respecto a las condiciones de la operación, Vidal ha destacado que "como requisito en el contrato de compraventa se exigía que se dispusieran de las cédulas de habitabilidad y de la licencia de primera ocupación". Además, ha manifestado que "lo que sorprende es la prisa por materializar la firma que culminaba la compraventa".
En la misma línea, en relación con la premura en la ejecución de la operación por parte del anterior Govern de Francina Armengol, en aquel momento en funciones, Antoni Costa ha asegurado que "el derecho de compraventa se tiene que ejercer cuando esté perfectamente justificado que la adquisición se hace por un precio razonable y que las viviendas que se adquieren reúnen los requisitos para ser viviendas de VPO". También ha criticado la decisión de iniciar la compraventa de las 88 viviendas en Palma del anterior equipo de gobierno: "En este expediente parece que es una decisión política y no una decisión técnica".
El conseller Costa ha aludido a las modificaciones del presupuesto que se llevaron a cabo para cerrar la compra: que supusieron el traspaso al Ibavi de 16,7 millones de euros del remanente de la empresa pública Puertos de las Islas Baleares, completados con otros 9 millones de partidas sin ejecutar de diferentes departamentos. Según ha anunciado Vidal, la promotora Metrovacesa ha expresado al nuevo ejecutivo su voluntad de retirar el contencioso y renunciar a la reclamación de indemnizaciones cuando se revierta por completo la operación.
