El ex presidente de la APB ha desvinculado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de cualquier irregularidad, aunque ha precisado que paraba los proyectos que no contaban con su visto bueno. Esta instrucción forma parte del caso Puertos, en la que el ex presidente de la APB declaró en octubre del año pasado por un presunto amaño del concurso para la gestión de amarres en Menorca.
El ex presidente de la APB ha llegado, sobre las 09.25 horas, acompañado de su abogado, el letrado Eduardo Valdivia, a los juzgados de Vía Alemania para declarar ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, Martina Mora. Cabe recordar que hace casi dos años que fue detenido por esta causa judicial.
Al salir, ha aseverado que, durante su declaración, ha intentado contestar "a todas las preguntas" de la jueza y de los abogados sobre la adjudicación de una entidad sin ánimo de lucro, el Club Náutico de Ibiza. "Los clubes náuticos son las entidades que pueden corregir esta presión de la demanda", ha indicado, para después añadir: "Aquí no ha habido controversias jurídicas".
En este sentido, se ha referido a los precios de los amarres que "están excluidos de los residentes". Además, ha subrayado que hay una clase media que "no podrá acceder nunca a los precios de los amarres". Por ello, ha aseverado que "ningún concurso estaba hecho a medida" y ha abundado en que la adjudicación fue "justa por una cuestión social". "Hemos mantenido y lo mantendremos hasta que se acabe este proceso", ha afirmado.
Este interrogatorio es el segundo al que se enfrenta el ex directivo después de que en octubre declarara ante la juez por la única pieza del caso sobre la que se había levantado el secreto de sumario, un presunto amaño del concurso para la gestión de amarres en Menorca.
En octubre, cuyo interrogatorio duró casi tres horas, Gual de Torrella negó que se beneficiase a Marina Asmen en el concurso para la gestión de amarres en Mahón. Además de Gual de Torrella, este martes están citado a declarar el ex director de la APB Juan Carlos Plaza y la abogada del Estado y asesora jurídica de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Dolores Ripoll.
