Los dos funcionarios que fueron detenidos este miércoles en Palma por quedarse las tasas de la renovación del DNI han pasado ya a disposición judicial, desde donde se les ha impuesto una orden de alejamiento de las oficinas del DNI, donde trabajaban.
En declaraciones a los medios de comunicación este jueves, el delegado del Gobierno en funciones, Ramon Morey, ha explicado que la situación es "muy triste y desgraciada" pero ha matizado que tiene "una parte positiva y es que haberles detenido es una demostración" de que los "controles funcionan, que si alguien actúa de manera indebida es descubierto y puesto a disposición de la justicia".
Morey ha explicado que el caso, que sigue abierto, se lleva investigando desde hace meses y que el 'modus operandi' consistía en que "cobraban tasas por la expedición de DNI cuando no correspondía". Así, cambiaban la modalidad de petición de una renovación, que sí exige el pago de una tasa, por un cambio de residencia que no lo exige. De esta manera, se llevaban el dinero de manera irregular.
El delegado del Gobierno en funciones ha señalado también que hasta que no termine la investigación no podrán estimar la cuantía malversada. También ha explicado que todavía se desconoce si los dos funcionarios trabajaban de manera coordinada, aunque ha detallado que usaban las mismas prácticas. Uno trabajaba en la Jefatura de Policía de Palma y otro en otra comisaría de la ciudad.
Ambos funcionarios fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional. Los dos trabajaban en las oficinas de DNI de Palma desde la Administración General del Estado. Se les imputa un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Según informó la Policía Nacional, agentes de la Sección Operativa de Seguridad Documental de la División de Documentación de Madrid se desplazaron hasta Palma para detenerles.