Los investigados por el caso de los contratos de MÉS, entre los que se encuentra la ex consellera de Transparencia, Cultura y Deportes, Ruth Mateu, están citados a declarar este miércoles y jueves en el Juzgado de Instrucción número 9 de Palma.
El miércoles están llamados a declarar la ex consellera Ruth Mateu, el ex director general de Cultura, Jaume Gomila, y el ex director del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), Josep Ramon Cerdà.
Finalmente, el jueves declararán el responsable de la campaña de MÉS en las elecciones autonómicas, Jaume Garau, y el ex director de la Agencia de Turismo de Baleares (ATB), Pere Muñoz.
El Ministerio Fiscal presentó una querella por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias, tras inspeccionar los contratos adjudicados a Garau para la realización de estudios por varias Consellerias dirigidas por cargos políticos de MÉS, por valor de 154.000 euros, mediante un procedimiento negociado sin publicidad.
La Fiscalía excusa al ex director gerente de la ATB de "favorecer arbitrariamente" al ex jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau, fraccionando un contrato de 80.000 euros.
La Fiscalía sostiene que había una única unidad operativa y funcional en el barómetro encargado desde la Conselleria de Turismo pero los querellados "acudieron al fraccionamiento del contrato, expresamente prohibido por la legislación administrativa".
Respecto a Cultura, Anticorrupción apunta que tres contratos adjudicados desde la Conselleria tenían por objeto la misma prestación de servicios y constituían una unidad operativa y funcional, por lo que debían haber sido objeto de un solo contrato sin adjudicación directa. Sin embargo, Anticorrupción asegura que se fraccionaron para eludir la legalidad administrativa.
Tras conocerse los contratos, Mateu presentó su dimisión en marzo de 2017 "para dar ejemplo" y defendió entonces que no había cometido "ninguna irregularidad". Después de esta dimisión MÉS per Menorca decidió salir del Govern.
En octubre, una vez admitida a trámite la querella de la Fiscalía, el Govern autorizó a la Dirección de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que se personase, y si lo consideraba necesario que ejerciera la acusación particular en nombre de la Administración autonómica.