El expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, ha sido citado este lunes para declarar como investigado por el presunto caso de corrupción que afecta al organismo, junto a otros cargos de la APB y una abogada del Estado.
En concreto, Gual de Torrella está citado a las 09.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, más de un año después de su detención en verano de 2020.
El interrogatorio versará sobre la única pieza del caso sobre la que se ha levantado el secreto de sumario, un presunto amaño del concurso para la gestión de amarres en Menorca. Con todo, como investigado, el expresidente de la APB puede acogerse a su derecho a no declarar.
Tras Gual de Torrella deben comparecer el exdirector de la APB y una abogada del Estado que ejercía como asesora jurídica del Consejo de Administración de la APB en la fecha de los hechos que se investigan. Con estas declaraciones concluirá la prueba este lunes.
El martes están llamados a comparecer el exjefe del área de gestión, el exjefe de explotación y un técnico de la APB de Menorca; y el miércoles y jueves se prevé tomar declaración al expresidente de la patronal menorquina de empresas náuticas (Asmen) y los responsables de algunas de las empresas involucradas en el concurso.
Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.
La juez instructora aprecia indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados. Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.
Además, la instrucción señala a una abogada del Estado como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían. En la documentación del caso consta, recoge la juez, que su pareja realizó trabajos remunerados hasta el año 2017 para una empresa indirectamente relacionada con Marina Asmen.
Según la investigación, la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.
Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a los mismos, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de estos hechos.
Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.
