El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, quien investiga la presunta trama de extorsión a empresarios turísticos urdida en el seno de la Policía Local con la connivencia y el respaldo de diversos cargos públicos, advierte en su último auto, al que ha tenido acceso Europa Press, de que las pesquisas en torno a estos hechos están arrojando nuevos datos, "algunos de ellos escalofriantes".
El juez ha acordado mediante esta resolución judicial prorrogar un mes más el secreto que pesa sobre las investigaciones, aseverando que la "avalancha continua" de nuevos datos, "reveladores de la comisión de múltiples y a veces complejos delitos por personas con conexiones a distintos niveles, dificulta sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello de forma irremediable esta investigación".
De hecho, incide en que los indicios de "chantaje, coacción y uso torticero del poder" por parte del grupo delictivo "conlleva la convicción de que, de no mediar el secreto de la causa, pocas personas se hubieran atrevido a declarar en libertad".
En el mismo auto, el magistrado señala asimismo que la Fiscalía ha abierto diligencias informativas en torno a las amenazas supuestamente vertidas por algunos de los agentes encausados. "Lo cierto y verdad es que muchos testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados", recalca.
El juez alude no sólo a las presuntas advertencias recibidas por uno de los fiscales anticorrupción y la magistrada que anteriormente se encargaba de las pesquisas "con la finalidad clara de intimidarles", sino también a varios testigos de las investigaciones.
Entre los casos registrados, Penalva alude, como "ejemplo de la deplorable actuación de los mandos" de la Policía, al que protagonizó el exintendente jefe del cuerpo Antoni Vera, quien en coordinación con otro inspector, Miquel Quetglas, habría archivado de plano una denuncia contra un agente interino, en la que se alertaba de los "negocios" de éste en la Playa de Palma.
Del mismo modo, añade, un agente "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida", persecuciones "padecidas" asimismo "por un buen número de policías honestos". De hecho, otro exjefe policial, Joan Mut, con la "aquiescencia" del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, habrían acordado "inexplicablemente" imponer una medida cautelar disciplinaria contra uno de los denunciantes de los hechos.
Otros dos efectivos, quienes denunciaron al policía Daniel Montesinos y al jefe de la Patrulla Verde, Gabriel Torres, por supuestamente preavisar de las inspecciones que iban a realizar en un determinado local, "fueron también objeto de graves amenazas".
El auto recuerda cómo dos de los testigos fueron "insultados e increpados" como consecuencia de su negativa a renunciar al servicio de seguridad que prestaban al alcalde, y cómo los coches de los escoltas aparecieron también un día con dianas pintadas de rojo en el parabrisas.
Finalmente, entre otros hechos, el juez subraya que en la causa "ya son dos los agentes de Policía que, mostrando un desprecio absoluto por las resoluciones judiciales y con fines claramente intimidatorios, han quebrantado la orden de alejamiento dictada en su día por este Juzgado". Por otra parte, añade, distintos empresarios "han sido objeto de un constante acoso".
