El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha decretado prisión provisional sin fianza para un agente de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma así como para un delegado de CCOO en el cuerpo, supuestamente vinculados con la trama de corrupción y extorsiones a empresarios turísticos de la Playa de Palma urdida en el seno de la Policía con la connivencia de varios exaltos cargos públicos.
En concreto, el juez les imputa delitos de cohecho, extorsión, coacciones y pertenencia a organización criminal. Ambos fueron detenidos anoche y esta mañana han pasado a disposición judicial, según han informado fuentes de la investigación a Europa Press.
Con ellos ya son once los agentes que se encuentran en prisión sin fianza. Los últimos que ingresaron en la cárcel fueron el jefe de la Patrulla Verde, Feliciano Franco, y otro agente del cuerpo, Jaime Garau --representante del sindicato CSIF--.
En el auto con el que el magistrado acordó prorrogar un mes más el secreto que pesa sobre las actuaciones, Penalva advierte de que las pesquisas están arrojando nuevos datos, "algunos de ellos escalofriantes" y "reveladores de la comisión de múltiples y a veces complejos delitos por personas con conexiones a distintos niveles".
El juez señalaba además que la Fiscalía ha abierto diligencias informativas en torno a las supuestas amenazas de algunos de los agentes encausados contra quienes se están prestando a colaborar con las investigaciones. "Lo cierto y verdad es que muchos testigos no es que tengan miedo, es que están aterrorizados", recalca.
El magistrado, quien ha ordenado los once arrestos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, alude no sólo a las presuntas amenazas recibidas por uno de los fiscales anticorrupción y la magistrada que anteriormente se encargaba de las pesquisas "con la finalidad clara de intimidarles", sino también a varios testigos de las investigaciones.
Entre los episodios a los que alude, añade que un agente "fue perseguido y amenazado por una 'banda de rumanos' hasta el punto de que le hicieron temer por su vida", persecuciones "padecidas" asimismo "por un buen número de policías honestos". Asimismo, otro exjefe policial, Joan Mut, con la "aquiescencia" del entonces concejal de Seguridad Ciudadana, Guillermo Navarro, habrían acordado "inexplicablemente" imponer una medida cautelar disciplinaria contra uno de los denunciantes de los hechos.
El juez incide en el "uso frecuente de la coacción, la amenaza y la intimidación por parte de numerosos agentes de la Policía Local, algunos ya imputados o condenados por la comisión de graves delitos cometidos incluso en el seno de peligrosas organizaciones criminales".
