El juez Pedro Barceló interrogará este lunes, en calidad de imputado, al exconseller de Turismo del Govern y exvicepresidente del Consell de Mallorca Miquel Nadal, en el marco del caso Picnic, que estalló en 2011 a raíz de un presunto desvío de más de un millón de euros del Ayuntamiento de Palma dirigidos a hacer proselitismo y propaganda de la ideología de Unió Mallorquina (UM).
El exalto cargo debía declarar el pasado día 1, si bien su comparecencia fue finalmente suspendida y pospuesta para este lunes. Se da la circunstancia de que su deposición como imputado tendrá lugar cuatro años después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción.
Entonces, la causa estaba en manos del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, quien hace varios meses se abstuvo del caso por amistad con Nadal. El propio Rotger decretó en 2011 una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros contra UM a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
Junto al exdirigente 'uemita' también está citada a declarar como imputada la que fuera su secretaria técnica en el Consell, Eugenia Cañellas, así como tres testigos.
Las pesquisas se centran en averiguar si pudieron cometerse, entre otros, delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación con la contratación, por parte del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof), de una veintena de trabajadores medioambientales que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos, sino que se habrían dedicado a atraer puerta a puerta nuevos simpatizantes e instar el voto para el partido.
Es más, el caso centra parte de las investigaciones en esclarecer si la formación regionalista utilizó nombres ficticios o de personas ya fallecidas para engrosar los listados de excursionistas que debían elaborar para justificar una subvención de unos 300.000 euros aportada por el Govern al Consistorio y dirigida a promocionar el medio ambiente.
Cabe recordar que, en el marco del caso Picnic, fue registrada la sede de UM en febrero de 2011 en lo que constituyó el primer registro del local de un partido político en la historia democrática de Baleares. También fue ordenado el allanamiento del Imfof y de las oficinas de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Asimismo, durante esos días, el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para Cerdó y de 100.000 para la exgerente del Imfof Paula Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, mediante un auto en el que aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido "se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil".
