El titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, ha acordado prorrogar un mes más el secreto de las pesquisas en torno a la presunta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones y amenazas a empresarios, principalmente en la Playa de Palma, mediante un auto en el que advierte de que aún resta "numerosa documentación, dispositivos de telefonía móvil y discos duros" por analizar.
En la resolución que ha dictado este martes, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado asevera asimismo que la "nula o muy escasa colaboración que cabe esperar de los mandos de la Policía Local dificultan sobremanera el alzamiento del secreto sin perjudicar con ello, de forma irremediable, esta investigación".
El juez da por expuestos los hechos a los que apunta en sus autos anteriores, en el último de los cuales -el del pasado 29 de febrero- apuntaba a nuevos altos cargos políticos -cuyos nombres evita mencionar- vinculados con las prácticas "pseudomafiosas" llevadas a cabo por una "organización criminal" cuyos miembros son "auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas".
El magistrado asevera en su nueva resolución que "no es que se quiera llevar la investigación a espaldas de las defensas", sino que atendiendo a la tipología delictiva, 'modus operandi' de los implicados y a las conexiones que mantienen los mismos con distintas personas, organismos e instituciones, "no se puede investigar eficazmente de otra forma".
En su auto, el instructor afirma además que muchos testigos "no es que tengan miedo, es que están aterrorizados, extremo que se comprueba con constante frecuencia", toda vez que "los investigados y quienes les apoyan siguen perpetrando actos de intimidación y coacción, incluso defendidos por quien fue su comisario y máximo responsable de la Policía Local".
A lo largo de su anterior resolución, el juez detallaba de forma pormenorizada las actuaciones ilegales desplegadas por los agentes investigados -hasta un total de quince se encuentran en prisión sin fianza-, a quienes se refiere como personas "sin escrúpulos" y "delincuentes indignos del uniforme que visten y que tienen por bandera la coacción, la amenaza, la extorsión y la intimidación".
"No queda otro remedio que destacar la septicemia que invade a una parte de la Policía Local", aseveraba el magistrado, quien recrimina a su vez que, aunque "ningún colectivo está exento de padecer la existencia de personas sin escrúpulos entre sus miembros, lo que resulta absolutamente insólito y a la vez descorazonador es que la cabeza visible de esos agentes", en alusión al hasta ahora comisario jefe de la Policía Local de Palma, Antoni Morey, "ampare, aplauda y aliente a unos presuntos delincuentes que en sus propias palabras considera ejemplos a seguir".
En concreto, el juez apunta a la comisión de delitos contra la salud pública, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas, uso de información privilegiada, coacciones, amenazas, extorsión y nuevos delitos de cohecho cometidos por numerosos agentes "señalados con nombres y apellidos" y cuyas conductas, añade, "están como mínimo al borde del limite jurídico que traza el tipo penal de la sedición".
